Mientras el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) reportó que 2 mil 115 escuelas no están en condiciones de regresar a clases, la presidenta del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CEPSE), Luisa García Cruz, propuso descuentos e incluso, despidos a los integrantes de la sección 22 del magisterio oaxaqueño que se rehúsen a retornar a las aulas.
Y es que mencionó que el obstáculo por el cual los estudiantes de esos planteles siguen en sus casas en la región del Istmo, principalmente, son los trabajadores del gremio sindical.
Calificó como un “capricho” de los docentes y de la dirigencia magisterial, seguir en la suspensión cuando hay espacios aptos para continuar con el ciclo escolar 2017-2018.
“Ya hay dictamen en donde en algunas escuelas hay condiciones para que existan clases, no estamos de acuerdo que esta contingencia la usen como pretexto, siguen utilizando a los niños y niñas como rehén para tener sus canonjías, y como consejo no estamos de acuerdo con esta situación”, abundó.
A más de un mes del primer sismo de 8.2 y casi a 30 días del segundo de 7.1, Luisa García Cruz exigió a los trabajadores de la educación retomar el calendario escolar, ser conscientes de la emergencia y sumarse a rescatar la enseñanza.
Consideró como inadmisible que los trabajadores pidan que todas las escuelas estén en buenas condiciones para retornar. “Deben considerar que las cosas van avanzando, y donde sí se puede, que regresen”, exigió.
La presidenta del CEPSE consideró que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca debería aplicar sanciones por las inasistencias. “Debe de aplicarse el descuento y de ser posible el despido para quienes incumplen con su función. No es justo que ellos (los docentes) sigan cobrando lo que no están devengando”, mencionó.
Este recurso, obtenido de las sanciones, que vayan a la reconstrucción de escuelas que sufrieron daños, propuso Luisa García.
Mientras tanto, consideró como una necedad de la Sección 22, realizar a partir del 23 de este mes, el plantón regional masivo, por no existir las condiciones para los plantones.
“Insisto, siguen tomando de rehén a los menores para presionar, chantajear a la autoridad y obtener sus canonjías”, indicó.
