Después de que Joksan Iván, presunto representante de la empresa Infraestructura Engineer S.A. de C.V. promoviera un incidente no especificado de insolvencia económica por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de fraude maquinado en perjuicio patrimonial de Servicios de Salud Oaxaca (SSO), personal actuante del Juzgado Segundo Penal realizó un cambio de fecha para celebrar la audiencia verbal.
Trascendió que en un principio se había fijado fecha de audiencia verbal para el 18 de enero de 2018, pero debido a que no se le había dado intervención a la defensoría pública, se adelantó la fecha para el próximo 9 de enero, a las 13:00 horas.
Este incidente es con la finalidad de reducir el monto de la garantía económica fijada (2 millones 559 mil 782.51 pesos) como medida cautelar para modificar la prisión preventiva que fue materia de revisión para continuar su proceso en libertad.
En el expediente 49/2017 se establece que, el 13 de diciembre de 2012, se celebró contrato para la construcción de 218 sanitarios ecológicos para realizar en San Pablo Cuatro Venados, Zaachila; San Pedro Jaltepetongo, San Pedro Mártir y Asunción, perteneciente al municipio de San Pedro Molinos.
Para ello se pactó un pago de cinco millones 119 mil 665.02 pesos; pero se estableció que se haría en dos parcialidades, por ello se realizó una transferencia el día 10 de enero de 2013 por dos millones 559 mil 782.51 pesos a la cuenta bancaria de la empresa constructora, Infraestructura Engineer S.A. de C.V.
Supuestamente para garantizar los trabajos, la empresa por conducto de su representante Joksan Iván, presentó pólizas de fianza, pero al notar que los trabajos no se realizaban, se tomó un acuerdo de recisión de contrato por lo que supuestamente un notario público notificó la resolución a dicha empresa.
Posteriormente personal jurídico de la SSO interpuso formal denuncia.
Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, exdirector General de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y Rigoberto José Hernández Caballero, exjefe de la Unidad de Obras Conservación, por su parte, enfrentan 11 procesos penales en su contra por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso de autoridad.
Asimismo, siete exfuncionarios de los SSO solicitaron protección de la justicia federal, es por ello que en los próximos días podrían presentarse ante personal actuante del juzgado para declarar con relación al caso.
