Con una crisis financiera por la que a inicios de 2023 la deuda heredada aún era de 300 millones de pesos (mdp), el municipio de Oaxaca de Juárez enfrenta otros riesgos debido a las demandas en proceso de resolución. Es decir, aquellas demandas laborales y civiles o juicios laborales y contenciosos administrativos por las que sus compromisos pueden incrementar y que se han interpuesto al menos desde el 2016 (en el caso de los laborales).
Al cierre del primer trimestre de 2023, estas demandas pendientes de resolución abarcaban un monto estimado de 121 millones 93 mil 947.46 pesos. De obtener el fallo a su favor, las y los demandantes podrían reclamar esta suma global a la administración que preside Francisco Martínez Neri. Aunque de presentarse nuevas demandas, la suma también puede incrementar.
Los 121 millones de pesos de demandas en proceso representan casi tres veces más el importe que por este concepto enfrentaba el municipio al concluir la administración 2019-2021, en la que gobernó el ex edil Oswaldo García Jarquín. En ese entonces, al 31 de diciembre de 2021, la suma era de 43 millones 400 mil 295.64 pesos.
Pero, aunque a lo largo de 2022 algunos procesos se resolvieron a favor del municipio o de los demandantes y el importe se redujo, otras demandas se sumaron hasta llegar al primer trimestre con un mayor riesgo.
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De acuerdo con los informes de pasivos contingentes (en los que se estima cuánto podría pagar la administración por demandas de hechos pasados) al 30 de septiembre de 2022 el importe de los procesos pendientes de resolución alcanzó los 56 millones 153 913.34 pesos. Pero para diciembre de ese mismo año bajó a 41 millones 939 mil 536.53 pesos.
Sin embargo, al 31 de marzo de este año, principalmente por los juicios contenciosos administrativos, el importe de probables sentencias aumentó a más de 121 millones de pesos.
Según la Tesorería municipal, esta suma abarca demandas laborales por las que el ayuntamiento podría verse obligado a pagar 19 millones 251 mil 566.33 pesos. Por las demandas civiles, podría pagar 12 millones 764 mil 693.86 pesos. En tanto, por los juicios de amparo las obligaciones podrían ser de 11 millones 523 mil 725.29 pesos. En tanto, los juicios contenciosos administrativos representan 77 millones 553 mil 961.98 pesos.
Desde el inicio de su gestión, según se señala en los informes, la administración de Martínez Neri enfrenta el riesgo de más demandas de este tipo, con el consiguiente riesgo de más compromisos financieros. Aunado a ello, el último reporte refiere que existe otro “pasivo contingente” cuyo importe no se puede medir de manera confiable a falta de estudios actuariales.
Este pasivo, explica, es el de las aportaciones que como patrón hace el municipio al fondo de pensiones para que, a su vez, la Dirección de Pensiones haga frente a las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo.
