El amparo otorgado por el Juzgado Primero de Distrito para salvar los ríos Salado y Atoyac, altamente contaminados con basura y aguas negras, permitirá hacer efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, destacó Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena.
En el juicio de amparo 621/2016, la juez Elizabeth Franco Cervantes determinó que “el derecho al medio ambiente no debe ser considerado poesía constitucional”, por eso, en un hecho histórico otorgó un amparo para la protección de los ríos y para hacer efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de habitantes de esta capital y ocho municipios conurbados.
En la Mesa de Análisis “Caso Río Salado y Atoyac. Estrategias de Protección a los Derechos Ambientales”, indicó que el amparo fue promovido por esa asociación civil y vecinos de la ciudad de Oaxaca.
Confió que las autoridades judiciales no acudan al recurso de revisión, pues podrían alargar por lo menos ocho meses su aprobación, con lo cual se pospondrían las acciones de saneamiento de los dos ríos.
Indicó que el 31 de marzo de 2016, convocaron a la ciudadanía a promover amparos para la protección de los ríos Salado y Atoyac, pero inicialmente la demanda ni siquiera fue admitida porque la autoridad judicial consideró que “el ciudadano carecía de interés legítimo”.
Litigio Estratégico Indígena promovió el recurso de queja, por lo que los activistas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el 26 de abril de 2017 se resolvió que el juez de amparo admitiera la demanda, según consta en la queja 1/2017.
Explicó que ofrecieron las pruebas de la contaminación de los ríos y acreditaron el interés jurídico de la ciudadanía oaxaqueña de promover amparos en defensa de los afluentes porque es parte del medio ambiente.
Ante ello el Juzgado Primero de Distrito otorgó el amparo para hacer efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, ya que actualmente ambos ríos son usados como desagüe de aguas negras al tiempo que despiden un olor nauseabundo que lastima los ojos.
“Con esa decisión se sienta un precedente respecto de que el juicio de amparo es un mecanismo de protección que la ciudadanía puede utilizar para proteger el ambiente y sus recursos naturales”.
Morales Sánchez apuntó que en el amparo se exige “realizar las acciones necesarias para convenir con el gobierno federal, a través de la Semarnat y con las autoridades de Oaxaca, respecto de medidas de protección ambiental, específicamente por lo que hace al vertimiento de aguas residuales en los ríos Atoyac y Salado que afectan a la ciudad de Oaxaca y zonas conurbadas y poner en marcha acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente, y realizar programas de limpieza de los mencionados ríos”.
En tanto, Juan Rodríguez Ramos, Visitador General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, admitió que han sido mínimas las recomendaciones emitida en favor del medio ambiente, entre ellas, un informe especial ante el inminente desastre ambiental y violación reiterada de derechos humanos de las personas y comunidades de la zona del Parque Nacional Chacahua, afectada por el azolvamiento de la Laguna de Pastoría.
Ante ese y otros casos como el basurero de Oaxaca de Juárez y el basurero en Santo Domingo Barrio Bajo, dijo que es necesario que el Estado atienda esta situación, en observancia a los derechos a la salud, al trabajo, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo de los habitantes de las comunidades afectadas.
