Una funcionaria del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, quien se desempeñaba como directora de Fomento Cultural, fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva junto con otras cuatro personas, señaladas por su probable participación en una presunta red dedicada a la extorsión, el cobro de piso y los préstamos abusivos conocidos como “gota a gota”.
El caso pone bajo escrutinio a una servidora pública municipal, identificada como I. J. M. H., por su presunta relación con una célula delictiva que habría operado en Santa Cruz Xoxocotlán y otros puntos de la Zona Metropolitana de Oaxaca. Donde sus principales víctimas serían comerciantes, vendedores ambulantes y trabajadores del transporte.
La resolución judicial se produjo después de que las autoridades presentaran datos de prueba sobre las actividades atribuidas a los cinco imputados. El juez determinó que enfrentaran el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria. La responsabilidad de cada persona deberá acreditarse durante el procedimiento judicial.
COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS, ENTRE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS
De acuerdo con las investigaciones, la estructura habría utilizado amenazas e intimidaciones para exigir pagos periódicos a personas que necesitaban continuar con sus actividades económicas.
Entre los sectores presuntamente afectados se encuentran pequeños y medianos comerciantes, locatarios de mercados, vendedores ambulantes, taxistas, mototaxistas y conductores de plataformas digitales. Quienes habrían sido obligados a entregar dinero para evitar represalias.
El esquema atribuido al grupo no se limitaría al cobro de piso. También habría ofrecido préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. Un mecanismo de financiamiento informal que suele recurrir a cobros frecuentes, intereses abusivos y presiones contra quienes no pueden cubrir sus deudas.
En este tipo de prácticas, el temor a perder mercancía, sufrir agresiones o enfrentar amenazas puede convertirse en un mecanismo de control sobre las víctimas. Especialmente entre quienes dependen de sus ingresos diarios para sostener a sus familias.
Aunque las investigaciones apuntan a una operación concentrada en Santa Cruz Xoxocotlán y extendida a otros puntos de la zona metropolitana, todavía falta establecer el número total de personas afectadas y la dimensión económica de las presuntas extorsiones.
CINCO PERSONAS, BAJO PROCESO JUDICIAL
Las personas vinculadas a proceso fueron identificadas mediante sus iniciales como L. E. C. G. y L. E. C. G., señaladas como presuntas coordinadoras de la Organización 21 de Diciembre; I. J. M. H., quien se desempeñaba como directora de Fomento Cultural del Municipio de Oaxaca de Juárez; A. A. A. V., y B. Y. S., identificado como empleado particular de la funcionaria.
Según la información de la investigación, los cinco estarían presuntamente relacionados con una célula vinculada a ASAEO. Aunque será necesario que las autoridades acrediten ante los tribunales las funciones que habría desempeñado cada uno y el alcance de sus posibles vínculos.
Aún no se han detallado públicamente, en la información disponible, los montos que presuntamente habría recaudado la célula. Así como el número preciso de víctimas ni las pruebas específicas que relacionarían cada imputado con los cobros ilegales.
UN OPERATIVO TRAS DENUNCIAS CIUDADANAS
Las cinco personas fueron detenidas durante un operativo realizado el 6 de octubre, resultado de labores de inteligencia criminal e investigación de campo que, según las autoridades, comenzaron a partir de denuncias presentadas por comerciantes de la zona.
En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Oaxaca.
La intervención buscaba desarticular la presunta estructura y frenar las actividades que habrían afectado a personas dedicadas al comercio y al transporte.
Posteriormente, durante la audiencia judicial, se analizaron los datos de prueba presentados por el Ministerio Público. El juez determinó vincular a proceso a los cinco imputados, imponerles prisión preventiva y establecer dos meses para completar las diligencias de investigación.
EL RETO: QUE LAS DENUNCIAS SE TRADUZCAN EN JUSTICIA
El caso vuelve a resaltar la vulnerabilidad de comerciantes y trabajadores que pueden convertirse en blanco de grupos que aprovechan la necesidad económica, la informalidad y el miedo para imponer pagos ilegales.
La detención de los presuntos integrantes representa un avance en la investigación, pero no basta para determinar si la red quedó completamente desarticulada ni si todas las personas afectadas han sido identificadas.
La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para establecer el alcance de las operaciones, analizar los indicios asegurados y determinar si existen más personas involucradas.
Uno de los puntos pendientes será conocer si las víctimas cuentan con condiciones seguras para denunciar. Así como si recibirán protección frente a posibles represalias y si las autoridades podrán documentar las extorsiones sin exponerlas a nuevos riesgos.
También será importante que las investigaciones permitan distinguir con claridad las responsabilidades individuales. Particularmente en el caso de la funcionaria municipal, debido a la relevancia pública del cargo que desempeñaba.
Finalmente, las cinco personas enfrentarán el proceso penal privadas de la libertad. El siguiente paso será esclarecer cómo operaba la presunta estructura, quiénes se beneficiaban de los cobros y cuántos comerciantes y trabajadores habrían sido afectados.
