OAXACA DE JUÁREZ, OAX.— Lo que debía ser un espacio para ayudar a personas con problemas de adicción a reconstruir sus vidas habría terminado convertido, en al menos nueve casos, en una plataforma para reclutar cobradores, prestar dinero con intereses excesivos y extorsionar a comerciantes en los Valles Centrales de Oaxaca. Así lo reveló el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, al presentar avances de las investigaciones contra una presunta estructura delictiva vinculada con el grupo ASAEO.
De acuerdo con la información ministerial, los centros de rehabilitación conocidos como anexos no solo habrían servido para canalizar recursos hacia el negocio de los préstamos informales conocidos como “gota a gota”. También habrían funcionado como espacios de captación y sometimiento de personas con adicciones, algunas de las cuales presuntamente eran obligadas a realizar cobros, vigilar zonas y ejercer presión contra quienes no podían pagar sus deudas.
La dimensión económica del esquema llamó especialmente la atención de las autoridades: la Fiscalía calculó que las ganancias conjuntas atribuidas a estas operaciones rondaban los 20 millones de pesos mensuales. Se trata de una estimación ministerial que deberá contrastarse con las pruebas financieras y los resultados de las investigaciones.
El caso plantea una preocupación que va más allá de los préstamos ilegales: la posible utilización de espacios dedicados a la rehabilitación para alimentar una estructura de extorsión, con personas vulnerables colocadas tanto en la posición de deudoras como en la de ejecutoras de los cobros.
NUEVE ANEXOS IDENTIFICADOS EN LA INVESTIGACIÓN
Durante la exposición de los avances, Rodríguez Alamilla informó que las indagatorias permitieron identificar al menos nueve centros de rehabilitación presuntamente relacionados con actividades de préstamos ilegales y extorsión.
“Por lo menos había nueve anexos en los cuales personas que formaban parte de estos anexos se dedicaban a temas de gota a gota y a temas de extorsión”, señaló el fiscal.
Los establecimientos investigados se ubican principalmente en la capital oaxaqueña y sus alrededores, con referencias a zonas como Santa Rosa, Pueblo Nuevo, San Martín Mexicápam y Montoya.
La Fiscalía también reportó que, mediante el análisis de un grupo de WhatsApp presuntamente utilizado por la organización, identificó a 94 integrantes. Según la explicación del funcionario, la estructura operaba mediante células de cobro coordinadas por personas conocidas como padrinos. Quienes distribuían tareas entre cobradores y otros participantes.
La información presentada no significa que todas las personas identificadas tengan una responsabilidad penal acreditada. La participación individual y el grado de intervención de cada una deberán establecerse mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.
PERSONAS CON ADICCIONES, BAJO PRESIÓN PARA COBRAR DEUDAS
Uno de los aspectos más delicados del caso es la presunta utilización de personas internadas en los anexos para realizar actividades relacionadas con el cobro de préstamos y la extorsión.
Según el fiscal, algunos internos que no podían cubrir el costo de su estancia eran obligados a trabajar para los propios centros como una forma de pagarla.
“Parte de la manera de pagar esta estancia era convirtiéndose en trabajadores del propio anexo”, explicó.
Sin embargo, las tareas que presuntamente se les asignaban iban más allá de labores ordinarias dentro de los establecimientos. La Fiscalía señaló que algunos eran utilizados para cobrar dinero a comerciantes, locatarios, vendedores ambulantes y transportistas.
Entre los puntos donde las autoridades detectaron estas prácticas se encuentra la Central de Abasto de Oaxaca de Juárez. Un espacio de intensa actividad comercial en el que los cobros ilegales pueden afectar tanto a pequeños vendedores como a transportistas y distribuidores.
Las indagatorias también apuntan a que algunos internos eran enviados en motocicletas para realizar cobros o vigilar determinados sectores. En otros casos, presuntamente participaban en el resguardo y la venta de drogas o eran utilizados para intimidar a quienes se atrasaban en sus pagos.
De confirmarse, estas prácticas representarían una grave distorsión de la finalidad de los centros de rehabilitación: personas que necesitan atención para superar una adicción habrían sido expuestas a nuevas formas de violencia y, presuntamente, incorporadas a actividades delictivas.
PRÉSTAMOS DE HASTA 50 MIL PESOS Y RÉDITOS QUE SUPERABAN EL 70%
La Fiscalía describió un mecanismo financiero escalonado. De acuerdo con el funcionario, los responsables de los centros o padrinos prestaban cantidades de entre 20 mil y 50 mil pesos a intermediarios. Quienes posteriormente colocaban el dinero entre otras personas a tasas todavía más elevadas.
“Prestaban a mayor escala, 20 mil a 50 mil pesos a intermediarios”, explicó Rodríguez Alamilla, al detallar que, al sumar los intereses de los distintos niveles, los réditos podían superar el 70 u 80 por ciento.
Este sistema permitía que el dinero circulara entre varios participantes y generara ganancias en cada etapa. Cuando los deudores no podían cubrir las cuotas, las personas encargadas del cobro presuntamente recurrían a amenazas y actos de intimidación.
La Fiscalía sostuvo que parte de los recursos atribuidos a ASAEO se destinaba a financiar los préstamos de los anexos. El dinero regresaba a la estructura mediante los pagos y los intereses, lo que habría permitido incrementar el capital disponible para nuevas operaciones.
El fiscal señaló que una de las líneas de investigación apunta al posible blanqueo de recursos, mediante operaciones que buscaban dar movimiento y apariencia de actividad financiera a dinero obtenido de otras conductas ilícitas.
Para acreditar ese posible delito, será necesario conocer los movimientos bancarios, el origen de los recursos, las operaciones de las empresas o establecimientos involucrados y los elementos que permitan establecer quiénes participaron conscientemente en dichas actividades.
UNA ESTRUCTURA PIRAMIDAL CON MANDOS Y CÉLULAS DE COBRO
La reconstrucción presentada por la Fiscalía describe una organización con distintos niveles de operación.
En la parte superior, las autoridades ubican a la familia Ríos Suárez (El Oaxaca, La Contadoaara y El Cuquis); debajo aparecen padrinos, líderes de zona y coordinadores de cobradores. En la base estarían quienes ejecutaban las tareas cotidianas: cobradores, vigilantes conocidos como halcones y vendedores, entre ellos algunas personas procedentes de los anexos.
Esta distribución habría permitido coordinar los préstamos, vigilar a los deudores y ejercer presión para recuperar el dinero.
A partir de las pruebas recabadas, la Fiscalía calculó que las ganancias relacionadas con el esquema de cobros y préstamos de los centros investigados alcanzaban alrededor de 20 millones de pesos mensuales.
La cifra da una idea de la dimensión económica que las autoridades atribuyen a la red, pero el comunicado de los avances no desglosa cuánto habría generado cada establecimiento, qué proporción correspondería a intereses o extorsiones ni durante cuánto tiempo habría operado el sistema con ese volumen de ingresos.
Esos datos son importantes para dimensionar el alcance real de la estructura y distinguir entre los recursos presuntamente obtenidos, los montos recuperados y las cantidades que podrían acreditarse judicialmente.
LOS COBROS HABRÍAN DERIVADO EN HOMICIDIOS
La investigación también relaciona el esquema de préstamos con hechos de violencia contra personas que no podían cubrir las cantidades exigidas.
“En muchos de los casos también generó homicidios por la falta de pago, por la presión que se generaba para con ellos”, declaró el fiscal.
El señalamiento apunta a una de las consecuencias más graves de los préstamos abusivos: cuando los intereses crecen de manera acelerada y los cobradores recurren a la intimidación. Una deuda puede convertirse en un mecanismo de control y, presuntamente, en un detonante de agresiones.
No obstante, la información presentada no precisa cuántos homicidios se investigan como parte de esta estructura ni identifica las carpetas específicas que permitirían establecer una relación directa entre cada crimen y las operaciones de préstamo.
La Fiscalía deberá aportar pruebas que vinculen los hechos violentos con personas concretas. Además de establecer las responsabilidades individuales de quienes presuntamente ordenaron, facilitaron o ejecutaron las agresiones.
CATEOS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS VALLES CENTRALES
Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron cateos en nueve municipios de Oaxaca:
- Oaxaca de Juárez.
- Santa Cruz Xoxocotlán.
- San Pablo Etla.
- Villa de Etla.
- Tlalixtac de Cabrera.
- San Antonio de la Cal.
- Cuilápam de Guerrero.
- San Pedro Ixtlahuaca.
- Villa de Mitla.
Las diligencias forman parte de las acciones para investigar la presunta estructura y recabar elementos relacionados con sus operaciones.
La Fiscalía no detalló en la información proporcionada qué objetos fueron asegurados en cada inmueble, cuántos establecimientos continúan bajo investigación ni qué medidas se adoptaron para garantizar la atención de las personas que permanecían internadas en los centros intervenidos.
Este último punto resulta fundamental. Si algunos anexos eran utilizados para presionar o reclutar a personas con adicciones, las autoridades también deben garantizar que quienes se encuentran en esos espacios tengan acceso a atención adecuada, que sus derechos sean respetados y que no queden expuestos a represalias.
EL RETO: DESMANTELAR LA RED Y PROTEGER A LAS PERSONAS VULNERABLES
Las revelaciones de la Fiscalía exponen un posible cruce entre préstamos abusivos, extorsión, circulación de recursos de origen ilícito y utilización de personas en situación de vulnerabilidad.
Pero anunciar la identificación de una estructura no basta para medir el alcance de la respuesta institucional. Será necesario conocer cuántas personas han sido detenidas, cuáles son los delitos formalmente imputados, qué pruebas sostienen las acusaciones y qué avances existen en los procesos judiciales.
También queda pendiente saber qué mecanismos de supervisión fallaron para permitir que establecimientos dedicados a la rehabilitación fueran presuntamente utilizados con fines distintos a la atención de sus internos.
La investigación abre así dos exigencias: llevar ante la justicia a quienes hayan cometido delitos. Con ello evitar que, las personas con adicciones sean nuevamente víctimas de explotación, amenazas o reclutamiento.
Finalmente, la Fiscalía atribuye a la red ganancias millonarias y una operación extendida por varios municipios. La prueba decisiva será convertir esos hallazgos en resultados judiciales verificables, esclarecer los posibles vínculos con hechos violentos y garantizar que los centros de rehabilitación cumplan con su propósito de ayudar, no de someter, a quienes buscan recuperarse.
