Obligados por una resolución de un juez como sentencia de amparo dictada el 26 de marzo de 2017, hasta 9 años después el gobierno de Oaxaca a través de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien) anunció que destinará 800 millones de pesos entre 2026 a 2028, en acciones de saneamiento de los ríos Atoyac y Salado, pero evitando dar fecha para conclusión o etapas para el saneamiento.
El presupuesto se invertirá para construir colectores marginales en ambos ríos, así como plantas de tratamiento de aguas residuales.
Entre las acciones a realizar, del 2026 al 2028, se encuentran la atención a 12 kilómetros de colectores y la intercepción de 23 descargas en las márgenes izquierda y derecha del Río Salado, y la margen izquierda del Río Atoyac.
Apenas en febrero pasado Emanuel Hernández Alva, juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por acuerdo de 23 de febrero de 2026, emitido en el expediente 621/2016, reconoció que no ha construido un instrumento técnico integral para organizar y dirigir el cumplimiento del fallo para el rescate de los dos ríos más importantes de Valles Centrales.
Reconoció que se carece de un plan formal que establezca qué acciones concretas deben realizarse, en qué plazos, con qué presupuesto, qué autoridades son responsables y cómo se va a medir si realmente se está cumpliendo la sentencia.
El gobierno de Oaxaca afirmó que los 3 primeros años de la administración se han invertido alrededor de 361 millones de pesos en “el tema” del saneamiento, pero sin información precisa o poco clara de las acciones ejecutadas.
El gobierno afirmó que se han construido cuatro plantas tratadoras, de las cuales tres están operando al 100 por ciento, y “en unos 20 días” se inaugurará la planta en Huitzo.
También, se han intervenido 17.01 kilómetros de colectores marginales y subcolectores, así como 35 descargas interceptadas.
El presupuesto total para este rubro en el sexenio habrá sido de 1,161.22 millones de pesos.
El reconocimiento del juez que no existe una guía técnica para conducir la ejecución coloca en el centro del debate la eficacia real de la sentencia y la capacidad institucional para traducir una resolución judicial en acciones verificables.
