A más de seis años de la masacre que conmocionó a la comunidad de Huazantlán del Río, en la región del Istmo de Tehuantepec, Inocencio R. S. recibió una sentencia de 210 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y feminicidio relacionados con la muerte de 15 personas durante un ataque ocurrido en junio de 2020.
La resolución judicial también establece el pago de 6 millones 516 mil pesos por concepto de reparación del daño, además de una multa de 86 mil 880 pesos.
El fallo representa un avance en el proceso de justicia por uno de los episodios más graves de violencia registrados en San Mateo del Mar. Sin embargo, la sentencia contra una persona no significa necesariamente que todas las responsabilidades por la agresión hayan quedado esclarecidas.
UNA MULTITUD ATACÓ A PERSONAS QUE MANTENÍAN UN PLANTÓN
Los hechos ocurrieron la tarde del 21 de junio de 2020 en el corredor de la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente a San Mateo del Mar.
De acuerdo con los antecedentes del caso, un grupo de personas que mantenía un plantón civil fue rodeado por una multitud que ingresó violentamente a las instalaciones. Luego atacó a quienes se encontraban en el lugar con piedras, palos y tubos.
La agresión dejó 15 personas muertas, quienes sufrieron múltiples golpes y quemaduras, según los datos contenidos en el expediente.
El episodio marcó a la comunidad y dio paso a una investigación penal para determinar la participación de los responsables y llevarlos ante los tribunales.
210 AÑOS DE CÁRCEL Y UNA MILLONARIA REPARACIÓN DEL DAÑO
Durante la audiencia de lectura de sentencia, el juez determinó imponer a Inocencio R. S. una pena de 210 años de prisión, luego de que fuera declarado culpable por los delitos señalados en el proceso.
La resolución contempla, además, las siguientes sanciones económicas:
- 6 millones 516 mil pesos por concepto de reparación del daño.
- 86 mil 880 pesos de multa.
Aunque la sentencia fija una cantidad para resarcir el daño, la información difundida no precisa si el dinero ya fue pagado ni cómo se distribuirá entre las víctimas indirectas. El cumplimiento de estas obligaciones será un aspecto relevante para evaluar los alcances concretos de la resolución.
SEIS AÑOS DESPUÉS, PERSISTEN PREGUNTAS SOBRE EL CASO
La condena llega después de años de investigación y del desarrollo del proceso penal. Para las familias de las víctimas, representa un paso en la búsqueda de justicia; no obstante, la dimensión de la tragedia obliga a preguntar qué avances existen en el esclarecimiento integral de los hechos.
La información oficial señala que continúan los avances en otras carpetas de investigación relacionadas con el caso, pero no detalla cuántas permanecen abiertas, si hay otras personas procesadas ni qué diligencias siguen pendientes.
Conocer esa información permitiría dimensionar si las investigaciones avanzan hacia la identificación de todas las personas cuya responsabilidad pudiera acreditarse y evitar que el caso quede reducido a una sola sentencia.
LA JUSTICIA NO TERMINA CON UNA SENTENCIA
La pena impuesta constituye una respuesta judicial de gran magnitud por los delitos acreditados. Sin embargo, el alcance de la resolución también dependerá de su cumplimiento y, en su caso, de los recursos legales que puedan presentarse ante las instancias correspondientes.
Además de garantizar la ejecución de la condena, las autoridades deberán dar seguimiento a la reparación del daño y mantener informadas a las familias sobre el estado de las investigaciones que continúen abiertas.
A seis años de la agresión en Huazantlán del Río, la sentencia representa un avance, pero la exigencia de justicia no se agota en el anuncio de los años de prisión. El esclarecimiento de las responsabilidades pendientes y el cumplimiento de las medidas de reparación serán fundamentales para que la resolución tenga efectos concretos para las víctimas.
