La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como de nueve funcionarios y exfuncionarios, acusados por Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico. También se incluyó a uno de los hijos de Rocha Moya, según fuentes consultadas.
El acuerdo, identificado como 156/2026, fue emitido el pasado 6 de mayo y enviado al sistema financiero mexicano a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), instruyendo la suspensión de operaciones y la congelación de activos dentro del país.
REACCIÓN DE LA PRESIDENTA
Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó desconocer el caso y aclaró:
“No tengo el conocimiento en particular de la UIF, la UIF es un área que es técnica, digamos, entonces si encuentra alguna irregularidad, procede, entonces, que pueda informar en su momento.”
La mandataria agregó que “no tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento, les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso.”
ACCIONES Y PLAZOS
La notificación se incorporó al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), plataforma utilizada para alertar a bancos sobre personas sujetas a bloqueo. Las instituciones financieras tienen un plazo de 10 días hábiles para cancelar operaciones y relaciones comerciales con los señalados.
CONTEXTO INTERNACIONAL Y ACUSACIONES
El bloqueo ocurre en medio de presión de autoridades estadounidenses, que solicitaron órdenes de captura con fines de extradición.
En resumen, las acusaciones señalan una supuesta red de protección política, financiera y policial vinculada al Cártel de Sinaloa, específicamente la facción de Los Chapitos, dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y al encubrimiento de operaciones ilícitas.
