En una contundente ofensiva contra la impunidad en delitos de género e infancia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso de tres sujetos implicados en agresiones sexuales y familiares hacia menores de edad. Asimismo, elementos policiales ejecutaron la captura de un cuarto implicado de alta peligrosidad, señalado por violación equiparada.
TRAICIÓN FAMILIAR EN SANTA MARÍA ATZOMPA
El primer expediente penal corresponde al imputado identificado con las iniciales O.D.M.C., quien ya enfrenta un proceso legal por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor de edad. De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los ataques ocurrieron entre los meses de enero y febrero de 2020 en el municipio de Santa María Atzompa.
El acusado aprovechaba el lazo de confianza y la convivencia diaria en el hogar, debido a que mantenía una relación sentimental con la madre de la víctima. Tras evaluar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso y otorgó un plazo de dos meses y medio para el cierre de la investigación complementaria.
VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA BAJO LA LUPA
En un segundo caso, la autoridad judicial determinó sujetar a proceso penal a C.A.R.A. por el delito de violencia familiar en agravio de una adolescente de 13 años de edad. Las investigaciones correspondientes detallan que la menor sufrió agresiones físicas y verbales sistemáticas durante el año 2025 y el pasado mes de febrero de 2026. Dichas conductas le provocaron severas afectaciones emocionales que ya fueron acreditadas mediante dictámenes psicológicos especializados. El juez dio un mes de plazo para la investigación complementaria.
A la par de estos fallos, un juez también vinculó a proceso a G.A.G., acusado de violencia familiar en perjuicio de una niña de apenas ocho años. Las indagatorias arrojaron que el sujeto agredía verbal y físicamente a la pequeña en repetidas ocasiones durante junio de 2026, utilizando objetos punzocontundentes como un cable y un cinturón para golpearla. Las autoridades fijaron un plazo de dos meses para robustecer la investigación.
Debido a que todas las víctimas son personas menores de edad, la institución de justicia mantiene bajo estricta reserva sus datos generales en apego a los derechos de la infancia.
