Un hombre identificado con las iniciales R.R.E. fue detenido por su probable responsabilidad en un caso de secuestro agravado ocurrido en Loma Bonita, casi tres años después de que la víctima fuera privada de su libertad.
De acuerdo con la investigación ministerial, el secuestro ocurrió el 12 de febrero de 2023, cuando L.L.S. se encontraba en su domicilio acompañado de su esposa. Hasta el lugar llegaron varias personas a bordo de una camioneta.
La víctima habría intentado oponerse al ataque, pero fue agredida con un arma de fuego y posteriormente obligada a subir al vehículo. Sus captores la trasladaron a un inmueble que, según las indagatorias, era utilizado como casa de seguridad.
EXIGIERON UN MILLÓN DE PESOS
Una vez que la víctima permanecía retenida, los responsables establecieron comunicación con sus familiares para exigir un millón de pesos a cambio de su liberación.
Durante las negociaciones, los familiares manifestaron que no tenían capacidad económica para reunir la cantidad exigida. Pese a ello, los captores insistieron en el pago.
La investigación establece que la situación se prolongó hasta el día siguiente. El 13 de febrero de 2023, L.L.S. fue liberado sobre la carretera federal 145, aunque bajo la condición de que posteriormente reuniera una cantidad de dinero solicitada por sus captores.
El hecho dejó abierta una investigación que continuó durante los años siguientes para establecer quiénes participaron en la privación ilegal de la libertad.
LA DETENCIÓN LLEGÓ CASI TRES AÑOS DESPUÉS
Como resultado de las indagatorias, un juez otorgó una orden de aprehensión contra R.R.E., quien fue localizado y detenido por agentes investigadores.
La captura se realizó como parte de las acciones emprendidas para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes. Tras su detención, el señalado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que deberá resolver su situación jurídica conforme al proceso penal.
La detención, por sí misma, no implica una sentencia ni determina la culpabilidad del acusado. Será la autoridad judicial la que valore las pruebas presentadas durante el procedimiento.
El caso vuelve a poner el foco en uno de los delitos de mayor impacto para las víctimas y sus familias: el secuestro, en el que la privación de la libertad suele estar acompañada de amenazas, violencia y exigencias económicas.
