El hallazgo de los tesoros de la tumba 7 de Monte Albán y el manejo de la zona arqueológica desencadenó un diferendo entre el estado de Oaxaca y la Federación en torno al derecho de quien debería resguardar y hacerse cargo de ambos. La disputa prácticamente se inició incluso mientras Alfonso Caso y su esposa, María Lombardo Toledano, exploraban el lugar y rescataban piezas de diversos edificios.
El tesoro de Monte Albán fue enviado a la Ciudad de México para ponerlo bajo resguardo en las bóvedas del Banco de México y enviados a diversos talleres para su estudio, lo cual desató inconformidad en el estado. El periódico estadounidense The New York Times dio cuenta de la decisión tomada por el entonces gobernador de Oaxaca, Francisco López Cortés, sobre la potestad de los objetos.
El 22 de febrero de 1932 emitió un decreto en donde determinó que los objetos hallados en Monte Albán eran propiedad del Estado (de Oaxaca) y que sería respetado considerando que, luego de la realización de estudios sobre las joyas, estas deberían retornar a Oaxaca y se convertirían en factor de apoyo para la rehabilitación financiera del estado tan golpeado por el terremoto de un año antes, enero de 1931.
Monte Albán poco a poco empezó a recibir un incesante flujo de visitantes y científicos deseosos de conocer el sitio, para lo cual se habilitó un autobús y equipó un tren que iría de Oaxaca a la zona arqueológica. La esperanza del gobierno en turno fue obtener recursos para la recuperación tras los sismos.
Sin embargo, el 11 de octubre el caso llegaba a sus últimas consecuencias y la Corte estaba lista para tomar una determinación. Mientras tanto, y al estar vigente el litigio, la exploración arqueológica se había detenido en las colinas de Monte Albán. Especialistas advertían que, de ganar la federación la potestad, sería posible contar con un museo de sitio para la conservación de las piezas y mantener la exploración y trabajos en la zona.
De ganar Oaxaca el litigio, asentaría un precedente en torno a la independencia de los estados por la potestad y manejo de estos recursos. Pero tendría muchas dificultades para obtener financiamiento, reabrir la exploración y contar con el apoyo de científicos para realizar un trabajo conjunto.
Al final, el 17 de octubre de 1932 la corte resolvió, dice The New York Times “La disputa entre el gobierno federal y el estado de Oaxaca sobre la jurisdicción sobre los descubrimientos arqueológicos en Monte Albán se resolvió esta noche, cuando los jueces de la Corte Suprema votaron 9 a 3 a favor del gobierno central” y las excavaciones y exploración continuaron.
