A pesar de que el chofer del edil de Santa María Huatulco insiste en que era él quien conducía la camioneta en la que resultó gravemente lesionada Dulce Ivonne Enríquez Ramírez el pasado 9 de enero, lesiones que terminaron por arrebatarle la vida diez días después, la versión aún no está confirmada.
El fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla declaró el jueves 05 de febrero, durante su intervención en la conferencia del gobernador Salomón Jara Cruz, en San Pedro Pochutla, que la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar, con dictámenes y peritajes, si los hechos ocurrieron realmente como han sido narrados.
La muerte de Dulce Ivonne, quien falleció el 19 de enero, tras diez días de lucha terminó por mover el tablero jurídico del caso. Lo que comenzó como un accidente culposo ahora está reclasificado como homicidio culposo, luego de que los peritos detectaran inconsistencias que fracturan la primera versión.
Desde el inicio, el expediente ha tenido un punto ciego: la identidad de quien iba al volante. El chofer del presidente municipal asegura que era él, pero el propio edil de Huatulco, Julio César Cárdenas, también resultó lesionado y ha preferido no detallar su participación en el percance. Apenas se limitó a decir en entrevista con el periodista Humberto Cruz que está “listo para declarar”, sin abrir más la puerta a lo ocurrido dentro de la unidad aquella mañana.
Los dictámenes preliminares de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no sólo apuntan a posibles incongruencias en los relatos: también revelaron que la camioneta portaba placas sobrepuestas de otro estado, dato que hasta ahora no ha sido esclarecido ni vinculado a un propietario formal o empresa responsable del vehículo.
La Vicefiscalía de los Valles Centrales reconstruye minuto a minuto lo sucedido en el libramiento hacia Ocotlán de Morelos, analizando trayectorias, posiciones de ocupantes, velocidades y mecánica del impacto. La investigación no avanza en silencio; afuera, la presión social crece. Circulan versiones sobre si el chofer pudo haber sido presionado para declararse responsable y así blindar al edil.
Mientras la autoridad habla de “fortalecer la verdad jurídica”, en la calle la exigencia es más simple y más urgente: saber quién manejaba, bajo qué condiciones viajaban y quién debe responder por la vida que se perdió.
El caso sigue abierto. Y la pregunta central, esa que nadie ha podido cerrar, continúa estrellándose con la misma fuerza que la camioneta aquella mañana de enero: ¿quién conducía realmente?
