Al menos seis viviendas fueron incendiadas en el paraje La Cofradía – El Campamento, perteneciente a la comunidad de San Pedro el Alto, en el municipio de Zimatlán de Álvarez, en un contexto de conflictos agrarios que se arrastran desde hace más de cuatro décadas en esta región.
De acuerdo con reportes comunitarios, los ataques ocurrieron el miércoles 31 de diciembre y se suman a una serie de agresiones previas ocurridas en la ranchería El Tlacuache, donde en meses recientes más de 20 casas fueron destruidas por el fuego, lo que provocó el desplazamiento forzado de familias completas que tuvieron que abandonar sus viviendas para resguardar su integridad.
Habitantes de la zona señalan que la violencia no es un acto aislado, sino parte de una escalada recurrente que incluye ataques a viviendas, amenazas y confrontaciones entre comunidades vecinas, particularmente entre pobladores de San Pedro el Alto y Santo Domingo Teojomulco, en el distrito de Sola de Vega.
Los conflictos agrarios en esta región datan de más de 40 años, sin que hasta ahora exista una solución definitiva por parte de las autoridades competentes. Pobladores acusan que, pese a la gravedad de lo ocurrido, no hay resultados visibles en materia de procuración de justicia, ni personas sancionadas por los ataques, lo que contribuyó a la persistencia del clima de tensión.
La comunidad de San Pedro el Alto tiene una empresa comunitaria de aprovechamiento forestal, reconocida a nivel estatal y nacional, la cual es fuente de empleo y desarrollo económico tanto para sus habitantes como para localidades vecinas. Sin embargo, aseguran que este proyecto es afectado desde el inicio de los conflictos territoriales con comunidades colindantes.
Autoridades comunitarias y pobladores hicieron un llamado urgente a los gobiernos municipal, estatal y federal para que se garantice la seguridad de la población, se atienda a las familias afectadas y se investiguen lo ocurrido, a fin de evitar que la violencia escale.
Señalaron que la situación que enfrenta San Pedro el Alto dejó de ser un conflicto agrario y es un problema que involucra agresiones reiteradas, pérdida de patrimonio y desplazamiento forzado, por lo que demandan protección inmediata, justicia y acompañamiento institucional.
