El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó en 2025 a 151 personas y empresas que operaban en México como lavadores de dinero vinculados al narcotráfico y al terrorismo, imponiendo el bloqueo inmediato de cuentas, bienes y transacciones dentro del sistema financiero internacional.
La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó a 64 personas físicas y 87 empresas. Todas con operaciones en territorio mexicano. El impacto no sólo es económico: expone la profundidad de las estructuras criminales que durante años operaron bajo la apariencia de negocios legales.
UNA RED MÁS DIVERSA Y GLOBAL
El análisis de los registros oficiales muestra que el lavado de dinero en México ya no es un fenómeno exclusivamente nacional. Aunque el 85.9% de los individuos sancionados son mexicanos, también figuran ciudadanos de Albania, Colombia, India y Canadá, todos con operaciones activas en el país.
Por primera vez, más de la mitad de las personas designadas fueron clasificadas bajo el rubro de “terrorismo”, una etiqueta inédita para casos dentro de México. El resto fue vinculado a narcotráfico y crimen organizado. Lo que evidencia un cambio en la narrativa y estrategia de seguridad financiera de Washington.
DEPORTISTAS, EMPRESARIOS Y FACHADAS LEGALES
Entre los casos más llamativos se encuentra Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense, hoy identificado como líder de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero mediante criptomonedas y empresas fachada. Su inclusión en la lista de los más buscados del FBI confirma la dimensión del caso.
Junto a él aparecen empresarios del sector energético, operadores financieros y dueños de casinos, inmobiliarias y negocios turísticos, que durante años se presentaron como actores legítimos de la economía regional.
TERRITORIOS Y CÁRTELES DOMINANTES
El mapa de operaciones revela que Sinaloa, Baja California y Jalisco concentran la mayor actividad de los sancionados, tanto personas como empresas. No es casualidad: dos de cada tres individuos señalados están vinculados al Cártel de Sinaloa o al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La información también confirma la operación de grupos familiares internacionales, como el clan Hysa, que habría lavado recursos del narcotráfico mediante casinos y centros de juego con la anuencia de organizaciones criminales mexicanas.
EMPRESAS A RAS DE SUELO, NO GRANDES CORPORATIVOS
Las 87 empresas sancionadas no corresponden a grandes consorcios, sino a redes locales de sociedades mercantiles: gasolineras, negocios turísticos, firmas de entretenimiento y prestadoras de servicios. Para el Tesoro estadounidense, estas compañías funcionaron como engranajes financieros clave del crimen organizado.
Casi el 64% de las firmas fue señalada por vínculos con terrorismo, y más de la mitad se concentra en apenas tres estados. Lo que revela zonas críticas de tolerancia institucional y debilidad en la supervisión local.
UNA ADVERTENCIA IMPLÍCITA
Aunque las designaciones se realizaron a lo largo de nueve meses, casi dos tercios de las empresas fueron sancionadas en el último trimestre del año. Lo que sugiere una aceleración deliberada del cerco financiero.
Más allá de las cifras, la lista negra deja una pregunta abierta:
¿cómo lograron operar durante tanto tiempo sin ser detectadas o sancionadas por las autoridades mexicanas? La ofensiva estadounidense no sólo congela activos; también exhibe vacíos estructurales en la lucha contra el lavado de dinero en México.
Con información de MILENIO
