La Nación mexicana, concebida como forma de gobernar, se sujeta al parámetro de ser representativa y democrática, en la cual el pueblo ejerce el gobierno por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, a quienes elige mediante el sufragio libre y secreto, al menos formalmente, de acuerdo con un sistema electoral que garantice su constitucionalidad, legalidad e imparcialidad en la contienda correspondiente a partidos políticos y candidatos independientes, enmarcado todo ello en el respeto, tutela, garantía y protección de los derechos humanos que todas las autoridades están obligadas a otorgar.
Esta determinación es el marco formal que delinea la Constitución en cuanto a un sistema de gobierno democrático, mismo que ahora, según los analistas y lo que se aprecia en las acciones de los gobiernos federal y estatales, ha ido declinando en estos siete años en el aspecto democrático general, particularmente en el campo de las libertades y los derechos humanos —parte esencial de una democracia—, y ha pulverizado otro de sus cimientos: el equilibrio de los poderes y el control de la constitucionalidad de sus actos.
Los gobiernos de Morena han cambiado el quehacer de los poderes y la forma de ejercerlos, a través de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial y, esencialmente, mediante la designación de los titulares de esos poderes a través de reformas constitucionales, ahora inatacables, que trascienden a la forma representativa y democrática de la República y a la manera en que el pueblo ejerce el gobierno por medio de los Poderes de la Unión, colocando ese quehacer y su forma de realizarlo en manos del propio poder.
De esta manera, los ejecutivos de la República —presidente y gobernadores— se sustraen de la representatividad que el pueblo les otorgó, para que ejercieran ese poder de manera fraccionada y democrática: los legisladores haciendo leyes a favor, no en contra del pueblo; el Ejecutivo cumpliéndolas, no haciéndolas a su modo; y un Poder Judicial que aplique la justicia ordinaria y la constitucional de los derechos humanos de manera imparcial y autónoma, ajena a influencias políticas, en un marco de colaboración.
En la curva del declive de la democracia, en cuanto a la representatividad democrática y la forma de gobierno cimentada en los derechos humanos y el control del ejercicio de los actos arbitrarios e inconstitucionales del poder, son ejemplo el INE —que dejó de ser un garante autónomo como árbitro electoral, en paralelo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el marco de los derechos políticos— y el Poder Judicial Federal, que al modificarse su forma de integración y funcionamiento ha disminuido profundamente su carácter de avalista de la constitucionalidad y de los derechos humanos de los habitantes de México.
De esta manera, México vuelve a su origen, ya que ahora los poderes y la forma de gobernar los recuperan para sí los ejecutivos; los principios, planes y programas que enarbolaban retornan al cacique en turno, lo que auspicia que el sistema institucional de gobierno, en su aplicación, se constriña a la voluntad del líder que lo encabeza. También se peregrina en un periodo de violencia en contra de autoridades municipales, mujeres, niños y jóvenes desaparecidos. La supremacía constitucional ha dejado paso al poder del gobernante: esa es la supremacía real y evidente.
Desde luego, debe tomarse en consideración que las reformas en materia de derechos humanos y de justicia fueron impulsadas por razones derivadas de la intensificación de las relaciones internacionales en materia económica, que motivaron las relacionadas con la alternancia del titular del Poder Ejecutivo Federal, la violación de los derechos humanos y la necesidad de contar con un tribunal constitucional que garantizara y fortaleciera su carácter de control de la constitucionalidad; por ello, un factor importante fueron los tratados internacionales de libre comercio.
De ahí que Salinas de Gortari iniciara los organismos de protección de derechos humanos y la modificación de ciertas materias jurídicas, como el Código de Comercio, entre otras; posteriormente, el presidente Zedillo impulsó la reforma que transformó la añeja Suprema Corte en un tribunal de control constitucional y amplió su quehacer hacia uno de mayor amplitud, en el ámbito de protección de los derechos humanos, que posteriormente fueron incorporados a la Constitución. Se abrieron espacios para la pluralidad de partidos y opciones de participación política en materia electoral.
Como en ese contexto la voluntad del gobernante encontró resistencia a sus aspiraciones de concentración del poder, se ocupó de deteriorarlas en su beneficio, reduciendo el ámbito de libertades en general, la política de participación, y la protección, tutela y garantía de los derechos humanos y del acceso a la justicia, tornando vulnerable al pueblo de México mediante esas reformas que, además, obtuvo de manera impositiva, declarándolas inatacables por parte del gobernado.
La democracia constitucional en México está enmarcada ahora, como al inicio de la Revolución Mexicana, en la voluntad de un poder concentrado en una presidencia que es legisladora y juzgadora: tres personas en una sola. De manera similar, los gobernadores reproducen esa práctica.
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