Otro de los múltiples sucesos que han incrementado la desestabilidad en la vida institucional de los mexicanos es el asesinato cometido en contra del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, con trascendencia nacional e internacional por la forma, lugar y circunstancias en que ocurrió que seguramente será archivado en el transcurso del tiempo como muchos otros, sin que se llegue a conocer quiénes son o fueron los autores intelectuales de este lamentable hecho, el cual, vinculado a los que cotidianamente suceden en ese Estado y en otros más, ya contaminó a nuestro Estado en la región del Istmo, en la costa y algunos casos en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca.
El estado actual de inseguridad que se vive en el país, los gobiernos de la cuarta transformación, se los imputan a las acciones desplegadas en Michoacán que el presidente Felipe Calderón implementó durante su sexenio, el “Operativo Conjunto Michoacán”, que marcó el inició de la “Guerra contra el narcotráfico” y que tenía como propósito disminuir los niveles de violencia en la entidad provocados por la familia michoacana; Enrique Peña Nieto, reformuló la estrategia con el plan Michoacán, con medidas de prevención en lo familiar, empleos, educación, cultura, salud, vivienda y seguridad social; López Obrador propuso el Plan de apoyo Michoacán con algunas variables del de Peña Nieto, pero bajo el lema de abrazos no balazos.
En el primer año de gobierno, la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo complementó lo iniciado y propuesto por su antecesor centralizando el control de la seguridad pública con la reforma al artículo 21 de la Constitución y puso en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional el mando de las policías y del Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, este último propiamente ha quedado a cargo, como se aprecia, de delinear la estrategia nacional y las regionales para ir conteniendo, dentro de lo posible, los focos de inseguridad que se diversifican en la República y no cesan en Sinaloa, Michoacán, Guerrero y ahora en Oaxaca principalmente en el Istmo de Tehuantepec y la Costa.
El estado actual de inseguridad pública agravado se recrudece con los conflictos políticos, la corrupción que aumenta y, la incrustación en lo público y privado de personajes ligados con organizaciones complejas que, enmascaradas, se combinan para llevar acciones públicas e incluso de gobierno mediante actos que implican una desviación del ejercicio del poder y de responsabilidad, pues de casos aislados que se detectaron en los pasados gobierno, hoy los medios, lo atribuyen a altos personeros del Gobierno del Licenciado López Obrador, algunos de ellos, aun ocupan cargos relevantes en el partido oficial de Morena y otros en cargos públicos.
A los actos que parecen ser ajenos a los motivos de inseguridad pública, se acopla hoy, uno que ha permanecido en el retroceso táctico de su movimiento de fondo político eminentemente, como lo es el conflicto del magisterio cuyo origen, evolución y fortaleza del poder que concentra en las diversas corrientes que la componen, se organiza en la CENTE, en la que es un factor preponderante, la sección XXII cuyo laboratorio ha sido nuestro Estado que conocemos la intensidad progresiva de sus acciones que son meticulosamente planeadas y ejecutadas; afortunadamente las más agresivas hasta hoy, se llevan a cabo en la ciudad de México
Estos eventos desestabilizadores ya forman parte del caudal de experiencia de los oaxaqueños, sin embargo, hoy pueden ser interpretados como distractores de los grandes problemas nacionales que no son atendidos como se prometió en el pasado y que es necesario repetir, salud, educación, seguridad, procuración y administración de justicia, paz y tranquilidad para la población que siguen insatisfechas, a pesar de que se anuncien programas en salud y construcción de estructura hospitalaria, pues sigue persistiendo la insuficiencia de medicamentos, de aparatos e instrumentos adecuados y de una atención pronta; problemas en los rubros de procuración y administración de justicia que impactan la seguridad publica y que no satisfacen los aumentos salariales, ni las pensiones para adultos y jóvenes.
La seguridad pública, eje del desarrollo de nuestro país esta empantanada por las variantes que cada gobernante estima adecuadas, unas en que la violencia no se combate con violencia; otras en lo contrario combinadas en el acometimiento de las causas que origina la pobreza que, precisamente son las que no soluciona el gobierno, como son el derecho a la salud educación con bases de formación humana, no de conflicto permanente de los mentores; el derecho a transitar sin obstáculos, a concurrir a los centros de trabajo en paz y tranquilidad, jóvenes y niños que no sean asesinados, mujeres que no desaparezcan, un Sistema de Procuración y administración de Justicia para el gobernado no para el gobernante. Estas son las causas no atendidas que producen debilidad, pobreza y muerte violenta.
La solución para ir inhabilitando la pobreza radica en la satisfacción no formal, sino efectiva de esos derechos de los habitantes de la República y de nuestro Estado. Esos rubros son básicos para el diseño de un sistema integral de seguridad que ataque las causas de las carencias del pueblo de México y de Oaxaca.
