* Urge Frenar la Corrupción
* Concilian Conflicto Agrario
La sociedad oaxaqueña se pregunta bajo qué argumentos los integrantes de la LXIII Legislatura se aprobaron un incremento de 282 millones 702 mil 650 para el ejercicio fiscal 2018, con lo cual ejercerán 680 millones de pesos. Tal asignación se realizó la madrugada del domingo pasado, como para evitar todo tipo de cuestionamientos y continuar con esa actitud de opacidad y ausencia de rendición de cuentas.
El Congreso del Estado tenía asignado un presupuesto de 397 millones 297 mil 349 pesos con 93 centavos, y los recursos los obtuvieron de recortes a otras dependencias, muchas de ellas, destinadas a mejorar las actuales condiciones económicas y sociales de los oaxaqueños.
Al margen de la danza de los millones que tuvieron a bien asignarse nuestros representantes populares, es indudable que ha generado una creciente irritación entre los oaxaqueños, tanto por la opacidad con que actúan como por la voracidad exhibida en cada una de sus acciones. Si antes había una animadversión al comportamiento de los diputados locales por atender antes que nada sus intereses políticos y económicos, hoy la molestia va en aumento.
En junio de este año, el Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO) confirmó que el Congreso del Estado es uno de los 18 en el país que no difunde la información sobre las dietas que perciben mensualmente los diputados de la LXIII Legislatura Local como estipula la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en su Artículo 70, fracción 8.
En dicha fracción se establece que los dependencias deberán informar y actualizar en sus respectivos medios electrónicos “la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”.
Hoy los legisladores hicieron de las suyas y la sociedad oaxaqueña observa con enorme preocupación y creciente enojo como se reparten el dinero del pueblo.
… A VUELO DE PÁJARO
Debido a que la percepción sobre la corrupción en el sector público de nuestro país crece cada día, aunado a los múltiples casos de gobernadores y funcionarios señalados, investigados y detenidos en algunos casos, la Coparmex ha propuesto a la sociedad, a los legisladores actuales y a quienes competirán como candidatos en las elecciones de 2018 para que incluyan en sus campañas la iniciativa de una reforma constitucional en el sentido de que los delitos donde haya actos de corrupción sean imprescriptibles, bajo el supuesto de que con el tiempo y en acciones acumuladas, laceran, atentan y frenan el desarrollo del país.
Impunidad
La prescripción de la acción penal es la extinción del poder del Estado para perseguir un delito por el transcurso del tiempo, con la excepción de los de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. Esta es precisamente el eje de la propuesta que realiza el sector empresarial porque el índice de impunidad es casi de 95 por ciento y sigue en aumento. En los años recientes los principales actos de corrupción han sido de los gobernantes de los estados, quienes suman alrededor de 20 detenidos, en proceso de investigación y otros más con señalamientos únicamente porque aún se encuentran en el cargo. A estos se suman varios funcionarios de Estado o de altos niveles en la administración pública.
Sigue el reto
Tras un mínimo aumento al presupuesto que solicitó el rector Eduardo Bautista Martínez, la Universidad Autónoma Benito Juárez Oaxaca (UABJO) deberá multiplicar sus esfuerzos para atender carencias y limitaciones. La institución debe alcanzar la media nacional en inversión por cada uno de sus más de 26 mil estudiantes, pero a la luz de los resultados tendrá que seguir “picando piedra”. La Universidad presenta a la fecha un déficit de 96 millones 472 mil 720 pesos, derivado de la inequidad en la distribución presupuestal a la que la institución educativa ha sido sometida durante muchos años y no se le ha dado la atención adecuada.
Concilian
Luego de 52 años de conflicto agrario entre las comunidades mixtecas de Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, firmó como testigo de honor el convenio de paz entre ambas comunidades.
Destacó que este acuerdo es muestra del diálogo que debe imperar entre los pueblos hermanos, privilegiando siempre la paz y la convivencia social. Planteó que “este acuerdo sea un ejemplo de que cuando hay voluntad, cuando prevalece la hermandad oaxaqueña, nos podemos poner de acuerdo, encontrar soluciones que busquen privilegiar a lo más importante que son las familias”.
Volveremos
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