La tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, al oriente de la Ciudad de México, sigue generando reacciones y acciones judiciales. De acuerdo con las autoridades capitalinas, se han definido dos líneas preliminares de investigación tras la explosión de una pipa cargada con Gas LP que ha dejado hasta ahora ocho muertos y 67 personas hospitalizadas.
Las primeras pesquisas señalan una posible responsabilidad del conductor, quien habría incumplido con deberes de cuidado, y también presuntas omisiones por parte de la empresa transportista, que podrían haber ignorado normativas sobre el traslado de materiales peligrosos.
FOCO EN LA ZONA CERO Y PERITAJES EN MARCHA
El trabajo pericial se concentra en la llamada Zona Cero, ubicada sobre la autopista México–Puebla, en el tramo correspondiente a la alcaldía Iztapalapa, justo en los límites con el Estado de México. Personal especializado en criminalística continúa recabando pruebas que podrían ser clave para el esclarecimiento del caso.
“Se investiga un posible exceso de velocidad por parte del conductor, y la falta de cumplimiento regulatorio por parte de la empresa de transporte”, explicó Bertha María Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Aunque la identidad del conductor no ha sido revelada, las autoridades han confirmado que su estado de salud es crítico y aún no ha podido rendir declaración.
URGEN NUEVAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE DE GAS
Ante la magnitud del incidente, las autoridades locales han planteado una revisión integral de los protocolos para el tránsito de unidades que transportan sustancias peligrosas en la capital. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en conjunto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), ya trabajan en la elaboración de una nueva normativa para prevenir futuras tragedias.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el incidente pone en evidencia la necesidad urgente de regular con mayor rigor a las empresas distribuidoras y transportistas de combustibles.
VÍCTIMAS DE ESCASOS RECURSOS, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS
Las víctimas —ocho personas fallecidas y más de 60 heridas—, en su mayoría provenían de comunidades de bajos recursos, según confirmó Brugada. Varias siguen hospitalizadas en 19 clínicas y hospitales públicos, tanto de la Ciudad de México como del sistema federal.
La Secretaría de Salud capitalina detalló que los fallecidos incluyen cinco hombres identificados, dos cuerpos aún sin identificar y una víctima cuya identidad no será revelada por respeto a la familia.
Brugada también destacó la movilización inmediata de más de mil 300 elementos de emergencia, seguridad y protección civil, desplegados en las primeras 24 horas tras el siniestro.
RECONOCEN A RESCATISTAS, PERO EXIGEN JUSTICIA
Aunque se ha reconocido la labor heroica de bomberos, policías y personal médico que actuó durante la emergencia, persisten los cuestionamientos sobre la permisividad con la que estas unidades circulan por zonas densamente pobladas.
La ciudadanía exige no solo la reparación del daño a las víctimas, sino también sanciones ejemplares a quienes resulten responsables. “Este hecho no debe quedarse en el olvido, ni en condolencias institucionales”, advirtieron activistas y especialistas en seguridad industrial.
