La Presidenta Claudia Sheinbaum quería que al frente del gobierno de la ciudad, estuviera quien ya había demostrado, como lo sigue ostentando ahora, capacidad, verticalidad y profesionalismo para atender los temas de seguridad, ahora más escabrosos, por culpa de quien se empecinó en que no fuera Omar García Harfuch, sino Clara Brugada.
El expresidente también tenía sus razones. Con Clara, seguiría la política destructora de instituciones, paz y seguridad ciudadana, de “abrazos no balazos”.
Lo afirmado, se sustenta en el comportamiento ilegal, sí, ilegal de la jefa de Gobierno de mi ciudad, por permitir los actos vandálicos de quienes dicen estar protestando contra la gentrificación.
Me referiré primero a la omisión de la economista Brugada para detener a los responsables de los daños causados hace unos días en comercios de la Colonia Condesa, así como su comportamiento ante los destrozos causados por presuntos delincuentes, en la Universidad de la Nación, el pasado domingo.
En ambos eventos, su conducta se tipifica en la comisión del delito mencionado en la fracción VI del artículo 214 del Código Penal Federal, que establece la comisión del delito de “ejercicio ilícito de servicio público”, para el servidor público que teniendo la obligación de hacerlo, se abstiene de proteger y dar seguridad para evitar daños a las personas, instalaciones u objetos que tiene la obligación de cuidar.
Este precepto se relaciona también para sustentar y fundar la responsabilidad penal de la Jefa de Gobierno, en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales que define la flagrancia, y señala que cualquier persona, sin necesidad de orden judicial, podrá detener a quien está cometiendo un delito.
Ante estos hechos, tiene la palabra Hugo Alejandro Concha Cantú, Abogado General de la UNAM; el presunto delito cometido se persigue de oficio, y debe iniciarse la respectiva Carpeta de Investigación, me pregunto ¿lo hará?
Y al mismo tiempo le pregunto a Hugo Concha, Abogado General de la UNAM, ¿presentará una denuncia en contra de la irresponsable jefa de Gobierno por su conducta que también incurrió en el delito de encubrimiento, conforme lo dicho en la fracción V del artículo 400 del Código Penal Federal, en donde se sanciona a quien ”no impida la consumación de un delito que se está cometiendo”.
La jefa de Gobierno pretendió justificar su conducta a mi juicio presuntamente delictiva, diciendo que por la autonomía universitaria no se había intervenido.
Afirmó con vehemencia: “nunca entrará la fuerza pública a la UNAM”. Falso de toda falsedad, y argumento sin ningún sustento. La autonomía no es extraterritorialidad. La ley Orgánica de la Universidad señala en su artículo 2, los derechos de esa institución, y en su texto no aparece esa idea esgrimida como razón para no haber actuado.
Pero si lo escrito es grave, es más preocupante todavía la realización de esas marchas, en las que puedo afirmar que la inmensa mayoría de los manifestantes, no tienen idea alguna de lo que es la “gentrificación”, lo que nos lleva a presumir que esas manifestaciones fueron patrocinadas por el propio gobierno.
Mi preocupación es porque así como se reformó la Constitución de la ciudad para quitar la expresión “propiedad privada”, ya se está hablando de foros para determinar rentas en aras, supuestamente de resolver el problema de la falta de viviendas; la realidad la miro diferente, de ahí también el interés de López Obrador en que Doña Clara fuera la jefa de Gobierno.
Nos encaminamos a tener, para comenzar, en la maravillosa Tenochtitlan, una situación semejante a la de los países de regímenes totalitarios. Quiero equivocarme.
*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
