Activistas e integrantes de instituciones educativas, organizaciones y colectivas, coincidieron en una alarmante crisis que viven las juventudes de Oaxaca en diferentes sectores de la sociedad, donde urge la implementación de protocolos y políticas públicas.
En el encuentro “Juventudes en Oaxaca: Realidades en Resistencia”, las y los participantes señalaron la importancia de construir un análisis colectivo, interseccional e intergeneracional sobre las condiciones que enfrentan las juventudes, así como visibilizar sus propuestas para transformar las realidades actuales.
En las oficinas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Carmen Calvo Cruz, coordinadora del programa de Juventudes Oaxaqueñas Transformando desde la Libertad y la Autonomía, señaló que de acuerdo con el registro de la Plataforma de violencia feminicida en el estado, más de 900 mujeres han sido reportadas como desaparecidas entre 2022 y 2025, siendo la mayoría jóvenes de entre 12 y 29 años.
También señaló que las juventudes oaxaqueñas enfrentan condiciones laborales precarias, porque según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en promedio perciben 33.8 pesos por hora y muchas lo hacen sin contrato, sin acceso a seguridad social ni prestaciones, lo cual les obliga a migrar o a integrarse a economías informales o de alto riesgo.
En el encuentro, se señaló que en la mayoría de los espacios universitarios persisten prácticas normalizadas de violencia sexual, acoso, hostigamiento laboral, discriminación por identidad de género, preferencia sexual, racismo y clasismo.
“Estudiantes, en su mayoría mujeres y personas LGBTIQ+, denunciaron la falta de protocolos eficaces, la impunidad hacia agresores y la revictimización institucional. Además, se evidenció la ausencia de programas integrales para el bienestar emocional del alumnado y del personal docente, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad, donde las redes de apoyo son escasas, informales y sin recursos suficientes”.
Ante esta situación, las colectivas, juventudes y organizaciones exigieron que se reconozca el trabajo digno como un derecho humano, con condiciones laborales justas, sin violencias ni discriminación.
También demandaron a las autoridades diseñar e implementar políticas públicas interseccionales construidas con la participación activa de juventudes diversas, así como garantizar atención integral a la salud emocional con servicios públicos, gratuitos y culturalmente pertinentes.
