El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Honduras y Nicaragua, una medida que afecta a más de 76 mil migrantes que vivían legalmente en ese país desde hace más de dos décadas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) argumentó que las condiciones extraordinarias que justificaban la protección —concedida tras el paso del huracán Mitch en 1998— ya no existen. La cancelación del TPS fue oficializada este 7 de julio mediante publicación en el Registro Federal, con un plazo de 60 días para que los beneficiarios se acojan a nuevas vías legales o regresen a sus países de origen.
“Las condiciones que motivaron la designación original ya no se aplican. Estados Unidos ha determinado que ambos países han progresado significativamente desde el desastre”, declaró un portavoz del DHS.
De acuerdo con cifras oficiales, el programa beneficiaba a aproximadamente 72 mil hondureños y 4 mil nicaragüenses, muchos de los cuales tienen más de 25 años residiendo, trabajando y formando familias en EE.UU.
Organizaciones de derechos humanos, líderes comunitarios y congresistas demócratas han criticado la medida, advirtiendo que el retorno de los beneficiarios a países donde persisten altos niveles de pobreza, violencia e inestabilidad política —especialmente en Nicaragua— representa un riesgo para sus vidas y desintegra núcleos familiares establecidos en territorio estadounidense.
Como parte del proceso de finalización del TPS, el gobierno estadounidense ofreció una ayuda económica de mil dólares y transporte aéreo gratuito para quienes opten por regresar voluntariamente a sus países antes de que venza el plazo, previsto para septiembre.
Activistas y defensores de migrantes exhortaron al Congreso de EE.UU. a aprobar una legislación que permita a los beneficiarios del TPS acceder a la residencia permanente, considerando su arraigo y contribución al país.
El TPS también ha sido cancelado recientemente para ciudadanos de otros países como Venezuela, Haití y Nepal, lo que ha generado preocupación entre las comunidades migrantes y sus defensores legales.
