La violencia tocó una vez más a quienes luchan por encontrar a sus desaparecidos. José Francisco Arias Mendoza, de 54 años, integrante del colectivo ‘Hasta Encontrarte’, fue secuestrado la noche del lunes 9 de junio por un grupo armado en su domicilio, ubicado en la colonia Álvaro Obregón, conocida como “La Perdida”, a escasos metros de las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Irapuato. En el ataque, su hijo fue asesinado a quemarropa frente a su familia.
Los agresores ingresaron a la vivienda tras forzar la puerta. Una vez dentro, ejecutaron al hijo de Arias y lo privaron de la libertad. El buscador fue sacado a empujones, subido a una camioneta y trasladado a un destino desconocido.
La respuesta oficial: lenta e insuficiente
Tras el crimen, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron la muerte del joven. Agentes de investigación criminal iniciaron las diligencias, mientras el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguardaron la escena.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre personas detenidas ni avances en la búsqueda del padre desaparecido, generando críticas por la respuesta tardía y la inacción ante un hecho que ocurrió prácticamente frente a instalaciones federales.
Víctimas por segunda vez
José Francisco Arias no solo es buscador: también fue víctima directa de la desaparición de su hijo Miguel Ángel en 2022, a quien encontró sin vida. Desde entonces, se convirtió en un activo colaborador del colectivo ‘Hasta Encontrarte’, ayudando a otras familias a localizar a sus seres queridos.
La tragedia lo alcanzó de nuevo, esta vez en su propio hogar, y con consecuencias aún más devastadoras. El colectivo denunció los hechos a través de redes sociales:
“Desaparecieron a un buscador de Hasta Encontrarte y antes de desaparecerlo mataron a su hijo. Exigimos a las autoridades buscarlo con vida. Ni un buscador más.”
Crímenes que se repiten: el caso Lorenza Cano
Este caso recuerda el secuestro de Lorenza Cano Flores, integrante del colectivo ‘Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos’. El 15 de enero de 2024, hombres armados irrumpieron en su casa en Salamanca, asesinaron a su esposo e hijo, y se la llevaron. Lorenza sigue desaparecida.
Ambos casos reflejan una dolorosa constante: la criminalización y vulnerabilidad de quienes buscan a los desaparecidos, enfrentando peligros que ni siquiera las autoridades parecen dispuestas a contener.
Impunidad como norma
La reiteración de estos ataques evidencia una preocupante tendencia: los buscadores se han convertido en objetivos de grupos criminales. La impunidad persiste, y la protección institucional parece más simbólica que efectiva.
A pesar de la cercanía de la Fiscalía, de la presencia militar posterior y de las alertas en redes sociales, la vida de quienes buscan justicia sigue pendiendo de un hilo. En Guanajuato, ser buscador es, cada vez más, un acto de heroísmo en solitario.
¿Y las autoridades?
El silencio oficial y la falta de resultados generan desconfianza en las instituciones. ¿Dónde está la estrategia para proteger a quienes hacen el trabajo que le corresponde al Estado? ¿Por qué las agresiones contra buscadoras y buscadores siguen ocurriendo sin consecuencias?
La sociedad civil exige una respuesta contundente. Cada desaparición, cada asesinato, es también una herida abierta a la justicia y un testimonio del abandono institucional.
“Sólo los buscamos porque los amamos”, dicen los colectivos. Lo hacen sin armas, sin recursos, sin garantías. Y ahora, también, sin protección.
