A más de seis años del inicio de la autodenominada Cuarta Transformación, las empresas paraestatales siguen sin mostrar la eficiencia prometida por el gobierno federal. Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principales emblemas del “rescate energético” impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, continúan enfrentando pérdidas multimillonarias, deudas crecientes y cuestionamientos sobre su sostenibilidad.
Transcurre el tiempo y Pemex sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo, con una deuda financiera superior a los 105 mil millones de dólares, según reportes oficiales. A pesar de inyecciones millonarias de capital público y beneficios fiscales, su producción no ha repuntado significativamente y sigue enfrentando problemas de seguridad, eficiencia y control de gastos.
En tanto, la CFE ha mantenido su estructura centralizada y su apuesta por fuentes fósiles, a contracorriente de las tendencias internacionales de transición energética. Aunque se han inaugurado algunas plantas nuevas, expertos advierten que el modelo energético se ha estancado, con efectos negativos en inversión privada y sostenibilidad ambiental.
Otras empresas como Liconsa, Diconsa y Ferrocarriles del Istmo han sido señaladas por opacidad, bajo rendimiento o falta de objetivos claros. Y se señala que el gobierno ha privilegiado el control político sobre la rentabilidad o eficiencia de las paraestatales, sacrificando en el camino criterios técnicos, sustentabilidad y transparencia.
El resultado es un aparente retroceso en la modernización del sector público, mayor carga fiscal y dudas crecientes sobre el verdadero legado económico de la Cuarta Transformación.
