En estas dos semanas de inicio del nuevo año las inconformidades sociales se multiplican sin una explicación clara del sector oficial que transparente las causas o motivos de esta serie de conflictos que, a primera vista, se deben a medidas inoportunas de quienes las generan desde el poder.
Por una parte, tenemos el problema grave de la desatención a la salud en el hospital civil del que se da a conocer, que lo que antes era insuficiencia, ahora es la falta de los instrumentos y medicamentos indispensables para prestar sus servicios por parte de su personal de salud, como lo evidencia el reportaje difundido en tv Azteca; por otra, se priva de sus trabajos a los burócratas en este mismo periodo y, en el tribunal Superior de Justicia, se recortan de manera inexplicable los ingresos normales de su personal, incluyendo a los magistrados en activo y a los jubilados.
Todo esto ocurre en momentos en que estamos deseando que este año que inicia sea mejor para todos en los diversos ámbitos en que nos desempeñamos, pero parece que el sector oficial se empeña en demostrar lo contrario, pues aprovecha estas fiestas y la alegría temporal que imprimen la navidad y el año nuevo para truncar esa esperanza, con por medidas que. desde el poder se implementan para afectar a los sectores de la población que, de una u otra manera, sirven al estado o prestan el servicio de salud aún deficiente, pero que ahora tornan nula.
No sabemos a qué se deben estas medidas para privar a las personas de su derecho humano a un trabajo por el mayor empleador en el Estado que es la administración pública centralizada, el poder legislativo y el judicial y, del ingreso que de ello deriva, en este espacio de tiempo en que los gastos se acrecientan y las necesidades de cada familia de las y los empleados afectados, son propiamente sancionados sin saber por qué con la pérdida de facto de su trabajo.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado, diezmado por el retiro de algunos de los magistrados y separados otros, así como jueces y secretarios proyectistas se vieron afectados con la reducción de sus prestaciones sin mayor explicación dado que se supone que el pago de sus servicios están presupuestados por año, es decir, que el dinero ya estaba destinado a cubrirse hasta la segunda quincena del mes de diciembre del 2024, sin embargo se hace un recorte anticipado que provocó un conflicto innecesario, corregido de inmediato en cuanto a jueces y secretarios de juzgados, que hasta el día de hoy persistía respecto de otros servidores públicos.
No se sabe si hubo sesión de apertura de actividades para el 2025 y si continúa como presidenta su actual titular, tomando en consideración las múltiples versiones y rumores que auspicia la falta de información respecto a la suspensión de la primera sesión; la segunda convocada por los magistrados que parece que tampoco tuvo lugar, así como la injerencia que se afirma, realizan servidores públicos de alto nivel de la Suprema Corte en Oaxaca que no son el del agrado del titular del ejecutivo en cuanto que incluyen sugerencias para la integración del Pleno del Tribunal Superior y se su titularidad.
Como quiera que sea, existe ya una fisura profunda entre los grupos al interior de pleno de magistrados que ha tenido como consecuencia que se esté teniendo un efecto positivo, como es que los magistrados recuperen su dignidad como tales y se están uniendo en lo que les es común como la defensa de sus derechos y prerrogativas constitucionales como impartidores de justicia que, a su vez, provoca que la titular actual haya visto disminuido su ámbito de representación del Poder Judicial del Estado como ha sido tradicional y, ahora, este a cargo de los integrantes del pleno.
Sin embargo, también ha motivado que necesariamente intervenga, con afectación de la autonomía e independencia que le queda a dicho poder, el Gobernador o de su apoderado, el consejero para encauzar medidas que calmen a los integrantes del Pleno, quienes ya han sido llamados a la cordura para que moderen sus acciones respecto a la actual titular en las sesiones que han sido un tanto bruscas o de exigencias respecto del tema del pago completo de las prestaciones a los servidores públicos en servicio y, parece que ahora también, a los jubilados.
En paralelo la Administración Central enfrenta el problema de las plazas suprimidas y algunas restituidas, y otras, que siguen en una negociación con el sindicato de trabajadores al servicio del Estado. Lo dudoso de esta negociación es que el Decreto del Legislativo que suprimió las plazas, no ha quedado sin efecto por una parte y, por la otra, el ejecutivo las que deja sin efecto, se desconoce bajo que esquema jurídico lo hace, pues sin bien, el Gobernador, tiene facultades para crear o suprimir plazas, también lo es que el Decreto está vigente y no se sabe sí el presupuesto para este año 2025 ya haya reincorporado las que el Ejecutivo ha convenido.
Creo esta problemática fue propiciada de manera inoportuna y falta de tacto en este periodo de año nuevo, contradictoriamente de desesperanza, para los afectados y su familia y para la salud y administración de justicia en Oaxaca para el pueblo; la afectación no llegó al bolsillo de los negocios públicos y de quienes los hacen.
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