La cuestionada reforma del Poder Judicial y la inimpugnabilidad de las reformas y adiciones a la constitución, están entrampadas en una serie de cuestionamientos internos y externos que ponen en evidencia su rechazo en la medida que es un claro signo de la descomposición del sistema democrático del país y de sus instituciones resultado de un proceso propio de la evolución de una sociedad organizada, la mexicana, vinculada a una forma de gobierno cuyo ejercicio y control por el mismo poder judicial, no le agrada a los titulares temporales del poder ejecutivo esencialmente.
Confirman lo expuesto las opiniones de expertos en la materia constitucional y, ahora dentro de un procedimiento que se tramita ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington, unida a múltiples demandas de amparo que se han formulado, admitido y en curso de resolución ante el propio Poder Judicial Federal y sus Juzgados de Distrito, afín todo ello con aspectos diplomáticos como las declaraciones del embajador de los Estados Unidos de América Ken Salazar.
En Oaxaca, se aprecia, que sus habitantes aún no han dimensionado, quizás por falta de una suficiente información razonada y seria, de los alcances de las reformas constitucionales aprobadas, como lo son la del poder judicial y la relacionada con la inimpugnabilidad de las mismas, incluyendo el procediendo legislativo previa a su emisión y el contenido substancial de las mismas.
Este tipo de reformas no responden a una exigencia real de orden social que exija deba ser reglada con el rigorismo que se propuesto y aprobado impulsadas por ejecutivo de la federación que, hasta hoy ha logrado avanzar en la destrucción del orden de control y equilibrio de lo que se denomina regularidad constitucional que abarca la existencia de un Poder Judicial que proteja y garantice los derechos humanos de todos los mexicanos, las instituciones republicanas y su forma de gobierno como lo establece el diseño constitucional e internacional de esos valores nacionales.
Hoy la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano representativo del Poder Judicial Federal, está profundamente dañada en su composición humana de manera tal, que sus decisiones, como desea el ex presidente, y hoy la presidenta formal, Doctora Claudia Sheinbaum, han erosionada profundamente la facultad de decidir temas constitucionales de fondo, como acaba de suceder con la reciente decisión de la Corte que dejó en la incertidumbre si tiene o no facultades para pronunciarse sobre las reformas y adiciones a la Constitución, al no haber podido obtener el voto de ocho ministros.
Estos eventos tuvieron coincidencias similares y oportunas. En el poder legislativo la Cámara de Senadores obtuvo la mayoría “convenciendo” a dos o tres legisladores de una pobre oposición para voltearse en favor de morena; en la Suprema Corte el voto en contra de un ministro impidió el pronunciamiento sobre un asunto que, una parte de la población, esperaba que fuera el que impulsara declarar inconstitucionales las regresivas reformas.
La comprobación objetiva de que la reforma constitucional del poder judicial es inconstitucional, lo es la respuesta del poder ejecutivo y del poder reformador, al reformar la Constitución nuevamente para establecer que todas las reformas y adiciones a la Constitución son intocables incluyendo las impugnaciones en trámite. Este segundo acto del juego del poder es prueba plena de que sí son impugnables y, por ello, incluyeron, en forma absurda y autoritaria y precipitada la prohibición total de impugnar incluyó todo lo relacionado con las reformas y adiciones.
Hoy me parece que, ante la pulverización de los partidos y la ausencia de una identidad ideológica identificada con la consolidación de la democracia en México, la tutela y protección de los Derechos Humanos disminuidos en perjuicio de todos nosotros y, en beneficio de los gobernadores y presidentes o presidentas de la República y su ostensible actuar arbitrario, la Sociedad Civil, los pueblos y comunidades Indígenas de Oaxaca, deben mostrar su solidaridad con los valores de la República Democrática y la forma de gobierno implementada por el Constituyente originario en 1917 y ser el jugadores fuertes en este juego de ajedrez por preservar la esencia republicana de México y sus valores.
Es necesario que estos sectores en Oaxaca, impugnen jurídicamente esas nocivas reformas, la del poder judicial y la de su inimpugnabilidad, pues atentan severamente contra el régimen interior de nuestro estado, la autonomía de la impartición de justicia indígena que, cuenta con un apartado específico referido a ello.
Enfrentamos en este juego a un adversario que para mantiene el poder concentrado con un alfil en el senado otro, en la cámara de diputados, la mayoría de peones en ambas cámaras, coordinados por una torre, una Reyna, como piezas claves que ha movido y mueve con habilidad y rapidez para eliminar todo acto defensivo del contrario, compuesto por miembros del pueblo de México que, estamos a punto de quedar indefensos ante este ataque del poder y perder el juego democrático.
