Oxígeno puro para los desastres y abulia del gobierno en materia de seguridad y violencia le proporciona la Iglesia Católica al gobierno mexicano, dándole alternativas que está lejos de ejecutar la actual administración.
Eso sí, deja que con el respaldo de jerarcas de la Iglesia se logre pacificar, mediante acuerdos entre los grupos delincuenciales, gran parte de la región de Michoacán y ahora se comprometa a los candidatos presidenciales a ejecutar un plan basado en un diagnóstico realizado por los propios religiosos.
Los tres candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, consintieron firmar un acuerdo por la paz, aunque la primera de ellos puso algunas objeciones.
Si algo está claro para la clase gobernante es desestimar todo aquello que empañe el mundo mágico de paz y tranquilidad que impera en el país, según el cristal con que mira López Obrador, el que considera que México se encuentra lejano de enfrentar una crisis en materia de seguridad y violencia.
El presidente lo ha externado en múltiples ocasiones y ni los crímenes, las masacres, la inseguridad que campea por muchas entidades y la violencia manifestada por los grupos delincuenciales en videos que dejan constancia de su presencia, inquietan.
Y como la palabra del Ejecutivo es ley para muchos y no se cuestiona, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum catalogó discutible el documento presentado por el Episcopado, ya que el país ni está militarizado y mucho menos resulta de gravedad la situación en torno a violencia e inseguridad.
Durante la firma del pacto por la paz convocado por la Iglesia Católica, los abanderados de MC, Jorge Álvarez y de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez estuvieron de acuerdo con el documento que contiene más de cien considerados.
El Episcopado Mexicano plantea una agenda que considera desarrollar políticas de cuidados para construir y fortalecer tejidos sociales. Fortalecer policías municipales y retiro de militares en tareas de seguridad pública. Renovar el sistema de procuración e impartición de justicia del país. Emprender reforma a fondo del sistema penitenciario.
También se resalta una estrategia para fortalecer seguridad y bienestar de adolescentes. Fortalecer a gobiernos municipales contra las economías criminales y atender crisis por desaparecidos, así como violencia contra mujeres y migrantes, entre otros temas.
La intención es que sigan las pláticas sobre el tema, se corrijan algunos de los considerandos y se añadan otros temas.
El asunto es de suma importancia, porque tan sólo desde el inicio del proceso electoral se han violentado muchas cosas, desde el asesinato de candidatos potenciales, pasando por la amenaza de otros más y el grave riesgo de que la elección sea potenciada por los distintos grupos delincuenciales que ya en 2021 mostraron de lo que son capaces.
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Grave el asunto del candidato a senador por Morena en Sinaloa, Enrique Isunza, acusado de acoso por una jueza y quien fue evidenciado masturbándose en un video que mandó, sin autorización, a una mujer. Isunza fue denunciado por violencia de género y puede ser inhabilitado por las autoridades electorales para participar en la contienda del dos de junio. En Sinaloa la disputa por las senadurías se complica con la participación de candidatos fuertes en Morena, la alianza opositora del PRI, PAN y PRD y el Partido Verde. El PRI se puede jactar de que, cuando menos, los candidatos de tres partidos registrados como primero de la fórmula militaron en el tricolor: Paloma Sánchez candidata del PRI; Jesús Valdés, Verde y Fernanda Rivera, MC.
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