De presentarse como una nueva herramienta tecnológica para digitalizar el registro de contratistas y combatir la corrupción, el Padrón de Contratistas denominado ‘PADECO’ que fue implementado por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), se convirtió en un negocio redondo para los operadores.
Contratistas afectados denunciaron en su momento que para poder inscribirse a las diferentes clasificaciones, debieron pasar por diversos filtros, incluso, cada una tenía ciertos cobros que alcanzaba hasta los 300 mil pesos para la clasificación A, mientras para la B tenían que desembolsar unos 200 mil pesos, y para la C alrededor de 50 mil pesos, sin recibir algún tipo de comprobante.
Esta práctica habría dejado una ganancia de más de 100 millones de pesos para los operadores, en tanto para las y los empresarios oaxaqueños que no accedieron al pago y no contaron con los recursos necesarios para ello, el PADECO representó el tiro de gracia.
En ese contexto, cientos de contratistas oaxaqueños que venían arrastrando una crisis por falta de oportunidades y obras desde la administración de Gabino Cué Monteagudo y que se agudizó con Alejandro Murat, terminaron en la quiebra al no poder acceder al padrón.
De acuerdo con datos de la dependencia que encabeza Leticia Elsa Reyes López, PADECO es una herramienta tecnológica que permite a las personas físicas y morales dedicadas a la prestación de servicios para la contratación de obra pública a optimizar procesos y brindar certeza jurídica en su interacción con la administración pública, promoviendo una gestión más eficiente y ordenada que mejore su experiencia y fortalezca la confianza en el sector.
Sin embargo, las y los contratistas oaxaqueños denunciaron las mismas prácticas de gobiernos anteriores para acceder a este registro, con supuestos actos de corrupción y en medio de un trámite engorroso que los dejaron fuera de cualquier oportunidad de participar en la realización de la obra pública.
El registro al PADECO inició en el 2025 cuando en su momento, de manera anónima varios contratistas denunciaron cobros indebidos cuando fungía como director jurídico de la Secretaría de Honestidad, Diego Javier Carreño López, quien recientemente fue destituido por supuestos actos irregulares.
Quienes no lograron obtener los requisitos que exigía el sistema o simplemente no accedieron a los actos de corrupción, se quedaron fuera de la obra pública y se vieron obligados a cerrar sus empresas, en su gran mayoría pequeñas empresas oaxaqueñas que dejaron sin empleo y sustento a miles de familias.
De un universo de más de 800 empresas contratistas, entre personas morales y físicas que existían en el estado de Oaxaca previo a la implementación del PADECO, en la actualidad solamente compiten 447, de acuerdo con el registro del sistema.
Representantes de las pequeñas empresas oaxaqueñas que se declararon en quiebra por la falta de oportunidades, denunciaron que este proceso se llevó a cabo con la complicidad de los colegios de arquitectos, así como de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que guardaron silencio ante los actos irregulares que se realizaron durante el proceso de inscripción.
