La marginación es un elemento que influye significativamente en el tema de vivienda, pues deriva de la combinación de una enorme dispersión poblacional en una superficie que es en un 70 por ciento montañosa, lo cual implica gran dificultad para hacer llegar la infraestructura social y productiva a las localidades, así como el encarecimiento de los bienes y servicios.
La vivienda requiere de un espacio de tierra adecuada y destinada exclusivamente para su desarrollo, contemplando accesos y los servicios de electricidad, agua y drenaje. Pocas o ninguna otra actividad genera una derrama económica tan importante, ya que impacta en 37 ramas de la economía y representa 6.4% del Producto Interno Bruto nacional (PIB).
Por ello la importancia y la necesidad de ordenar el crecimiento de asentamientos humanos, dotarlos de equipamiento urbano, infraestructura y servicios necesarios para propiciar su desarrollo es una tarea mayor todos quienes estamos inmersos en el tema.
Los cambios en el uso de suelo afectan negativamente el desarrollo local, inciden al mismo tiempo en los índices de competitividad, debilitan el aparato productivo y lesionan negativamente la calidad de vida de las familias. De ahí el gran reto de atender los centros urbanos que presentan obstáculos para una urbanización ordenada debido a la accidentada orografía del estado y a la carencia de infraestructura y servicios, lo que se traduce en el aislamiento y dispersión de sus asentamientos.
En nuestra capital como en las principales ciudades del estado, los asentamientos espontáneos, marginales, descontrolados o informales son formas de hábitats precarios establecidos en su mayoría en zonas urbanas. Estos asentamientos son creados por un sector de la población sin los permisos de los organismos competentes.
Con un reducido ingreso económico, que al construir de forma ilegal fomentan la exclusión, por ser zonas sin dotación de servicios básicos, carentes de planificación, en las que se desarrollan construcciones de manera anárquica y para las cuales no se prevén recursos de las diversas instancias gubernamentales.
Política social
Es indudable que en todos los ámbitos de la administración pública federal, estatal y municipal existe preocupación por el aumento de la pobreza en zonas urbanas, debido a que en éstas las carencias pueden derivar en resentimientos sociales y delincuencia con mayor facilidad que en las áreas rurales.
Combatir esta pobreza urbana no admite dilación porque estos contrastes, esas desigualdades que se dan en las ciudades generan un clima de más violencia, de violencia social. La desigualdad que se genera en las ciudades provoca encono, resentimiento.
Algunos problemas que se registran en esas zonas como el robo a transeúntes o en el transporte público, reflejan la relación que existe entre pobreza urbana y violencia social. Son zonas donde de manera reincidente no hay una presencia institucional del Estado mexicano de manera notable. Existen los servicios urbanos, pero son precarios, como también los servicios educativos, pero son de mala calidad.
Sí existen servicios de seguridad pública, pero son deficientes y esto, entre el hacinamiento, la falta de oportunidades y las condiciones precarias de vida, genera cierto tipo de violencia. Las carencias económicas y de oportunidades pueden hacer que las personas ejerzan la delincuencia, pues la violencia que puede derivar de la pobreza urbana no necesariamente se relaciona con los grupos del crimen organizado.
Pueden manifestarse en la formación de pandillas, agresiones entre vecinos o violencia intrafamiliar y de género. Por ello, las autoridades deben ser cuidadosas con las políticas que desplieguen para prevenir y combatir la violencia. Si bien los programas sociales han logrado reducir carencias como el acceso a la salud, vivienda y rezago educativo, mientras el ingreso de los mexicanos no mejore seguirá aumentando la pobreza.
