El Poder Judicial del Estado de Oaxaca está siendo motivo de una renovación generacional en sus componentes de más alta jerarquía, como lo son las y los Magistrados del Peno y Salas del Tribunal Superior de Justicia, a lo que se suma la elección que de presidenta o presidente se hará en enero, estrategia que se advierte se promueve desde el ejecutivo del estado y que materializa el legislativo, sin alterar los objetivos que se persiguen alcanzar, uno razonable, como es impulsar un mejoramiento de la calidad de la administración de justicia y, otro evidente, de contar con un poder consonante con el que ejerce la actual administración.
Para ello el ejecutivo y el legislativo, como elementos preponderantes que, contradictoriamente, manejan los límites de la autonomía e independencia del poder judicial, empezaron a remover magistrados para propiciar un buen número de espacios que permitan al Gobernador, con la colaboración de los diputados, colocar a quienes de antemano tienen el compromiso de hacerlos magistrados, dejando algunos espacios para jueces o incluso magistradas que aún están en funciones bajo la apariencia de reservadas, las que declaran vacantes por no haber ratificado al titular del cargo, otras por retiro o renuncia.
Ante la conclusión en el cargo del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, por anticipado se anuncia de manera tácita la elección de persona diversa, anulando la facultad del Pleno de Magistrados para determinar o no sobre ese tema, lo que se advierte de una oportuna iniciativa de algún legislador para reformar la Constitución y para quitar el candado de que, quien acceda al cargo, como requisito previo debía tener tres años como magistrado integrando Sala; la iniciativa aduciendo la protección de la equidad de género, motivo que solo cubre el hecho de suprimir el requisito de los tres años y que sea presidenta del Tribunal una mujer aunque no tenga como magistrada en Sala.
Afirmo que tal medida no era necesario justificarla con la cuestión de la equidad de género pues ello ya está garantizado en la Constitución Federal, la del Estado y la legislación reglamentaria, pues lo que se pretende, como lo han hecho la gran mayoría de gobernadores en Oaxaca y en otros estados es que inducir y propiciar por todos los medios que tienen a su alcance, que se elija, mediante la aparente facultad autónoma de magistradas y magistrados del pleno, a alguien conveniente del que manda en el estado, razón que la mayoría de los Oaxaqueños sabemos que así ocurrió en el pasado y hoy se sigue practicando igual.
Quienes tenemos tiempo en el ejercicio del derecho de manera libre o por algún tiempo en la administración pública, conocemos como opera el mecanismo de la sugerencias en esos caso y las presiones de índole económica o sancionatorias que se utilizan para ello, sin embargo, en la actualidad la información es mayor y parece que el esquema oficial que se practica ya no es acorde con la preparación e información que fluyen con rapidez y que incluso anuncian ya quienes accederán a magistradas y quien será la presidenta, situación que muestra la realidad de lo que es la autonomía e independencia del Poder Judicial de Oaxaca.
La mayoría sabemos que además en la composición actual de magistrados del Pleno, existe una clara división, tanto generacional como política, derivada de ciertos cacicazgos que al interior se han ido integrando por impulso de algún gobernante en turno y del que lo sigue, de tal manera que ya se anuncia que en enero se “retiran” por lo menos cuatro magistrados que han sido, como el elemento troncal de ese órgano.
Todo este proceso se lleva a cabo en sentido contrario a como se administra la justicia que es lenta y no expedita; la iniciativa legislativa y las propuestas de nuevas integrantes se hará con agilidad y en un corto plazo. Una desigualdad profunda entre cuando pide el poder, con lo que sucede cuando lo hace el justiciable. La gestión oficial en este rubro recibe justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 Constitucional los destinatarios de ese derecho, los ciudadanos, no.
Son los contrastes que hoy resaltan objetivamente, sin embargo, estimo que el Gobernador de nuestro Estado, este realmente reflexionando que, con la finalidad de que esta estrategia, la conjunte con la necesidad de instrumentar una política financiera suficiente para este ramo de justicia que mejore las condiciones de trabajo de los abajo, los jueces, secretarios, actuarios y administrativos que les impuse a realizar su función con ánimo y disposición e integre como magistradas a quienes justifiquen y prueben que elevaran la calidad de las resoluciones de segunda instancia y que garanticen el postulado constitucional de que sean impartida justicia de manera pronta y expedita.
Que, para el cargo de presidenta del Poder Judicial del Estado, piense en alguien que tenga la habilidad jurídica necesaria para controlar la unidad de sus integrantes y que auspicie lo que es común para todos, como es encauzar criterios en las diversas materias que se manejan que den certidumbre y seguridad jurídica al peticionarios y que el Consejo de la Judicatura y visitadores realicen una labor cotidiana de revisión de las actuaciones de la primera instancia que permitan que quien se inconforma pueda tener acceso a soluciones oportunas en la atención diaria en los juzgados.
Como virtud especial la próxima presidenta del Tribunal deberá tener una fina estrategia política que, al interior, le permita unir a sus pares en lo que es común, impartir justicia como lo manda la Constitución Federal, y que evite el nepotismo judicial.
Bueno esperemos que el Gobernador Salomón Jara haga realidad, en esta navidad y el año nuevo, la aspiración del Pueblo y al foro jurídico Oaxaqueños de contar con un mejor aparato de administración de Justicia pronta y expedita.
