Al menos el 38% de mujeres oaxaqueñas con alguna discapacidad reveló incidentes de violencia en la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), durante los 12 meses previos a este sondeo.
Del 42% de las mujeres de 15 años y más con alguna discapacidad que fueron encuestadas, el mayor grupo que reportó incidentes de violencia fueron aquellas con dificultad para poder hablar o comunicarse, seguidas por las de discapacidad motriz, auditiva, visual y mental.
En mujeres mayores de 60 años y más, el 14.8% señaló incidentes de violencia durante los 12 meses previos a la Encuesta, inferior al 17.7% que reportó la misma ENDIREH en 2016, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otro lado, en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, integrantes del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) recordaron que los avances logrados en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, son el resultado de la movilización de las colectividades feministas que visibilizan las problemáticas, implementan estrategias, proponen alternativas y demandan su inclusión en las políticas públicas.
Sin embargo, nuestra labor no termina con el reconocimiento e incorporación en los marcos jurídicos de las demandas planteadas, la tipificación del delito de feminicidio es un claro ejemplo de que es un avance, pero forma parte de un proceso que requiere ser analizado y cuestionado desde una mirada crítica”, señalaron.
Expusieron que el sistema de administración y procuración de justicia forma parte de un sistema patriarcal, “y por la cual los desafíos de visibilizar la violencia feminicida van más allá de centrarnos en el tipo penal de feminicidio”.
De acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Oaxaca en el último año ha ocupado en diferentes momentos el quinto, segundo, primer o tercer lugar a nivel nacional por incidencia de feminicidios.
Lo anterior, dijeron, es una de las razones que provocan desconfianza hacia los datos oficiales y por lo cual se requiere colocar como prioridad diversos aspectos para salvaguardar el derecho a una vida libre de violencias, como el realizar un análisis sistemático de las barreras de acceso a la justicia de las niñas y mujeres que viven violencia de género, así como identificar los factores de riesgo de violencia feminicida.
