La intempestiva renuncia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea ex presidente de la Suprema Corte es una evidencia de cómo, la estructura de la cabeza del Poder Judicial de la Federación, es infiltrada y contaminada por los intereses políticos imperantes, de manera tal que la reforma constitucional que le otorgó la facultad del control de la Constitucionalidad y protección de los Derechos
Humanos mediante los instrumentos que judicializaron las controversias para ese fin, como garantía que protege, tutela y hace efectiva la vida institucional de los mexicanos y la República hoy pretende ser debilitada por los poderes ejecutivo y legislativo.
Un desafortunado acto con ese fin, lo es la renuncia del ministro Zaldívar en el que, como una pieza del Poder Ejecutivo, hoy culmina su misión mediante su separación voluntaria del cargo, en un momento adecuado en el que los factores políticos de todo tipo juegan contra popularidad del presidente López Obrador, incluyendo las de orden natural como lo fue el huracán en Guerrero y sus secuelas: renuncia que ha motivado que la opinión pública se ocupe de criticar o alabar tal acto.
La estrategia distrae la atención de la crítica a las vacías políticas públicas del presidente, para enfocarla en otro hecho relevante, como lo es la renuncia en cuestión que golpea a la Suprema Corte y a su presidenta Norma Piña, atacada todos los días en las mañaneras, cubriendo el malestar social derivado en la campaña que puso a la luz la imprevisión del Gobierno para enfrentar el fenómeno natural de manera oportuna.
La renuncia injustificada del ministro Zaldívar, confirma la naturaleza política de la misma, en la que defiende su quehacer como miembro de esa Corte y se ostenta como paladín de los derechos humanos en su ciclo; a continuación, esboza el objetivo real, servir a lo que se denomina la cuarta transformación y en específico incorporarse a la campaña de la candidata de morena Claudia Sheinbaum, como lo dijo claramente en una entrevista televisiva.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone como compromiso de un ministro al acceder al cargo mediante protesta ante el Senado, “cumplir y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión” y ello implica a su vez “que la renuncia a ese cargo solamente procederá por causas graves” las que serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.
En el documento que contiene la renuncia al cargo de ministro no se advierte, en su texto, que invoque una causa que pueda ser calificada como grave, es decir, que la misma no surte efectos al faltar el motivo constitucional que se requiere para que se actualice su separación por renuncia, antes de cumplir el plazo para el que fue designado.
Ninguno de los argumentos esgrimidos por el ministro Zaldívar puede ser calificado de grave para motivar su renuncia antes del plazo para el que fue designado, a pesar de que hubiere sido aceptada por el presidente que es quien la turna al senado para que esta cámara lo ratifique. En efecto, de acuerdo a lo publicado dice “Mi ciclo en la Corte ha terminado. Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan”, Causa grave señala el diccionario que se considera como tal, la sustancia o producto que causa grave daño a la salud o, es el uso secreto de información privilegiada con grave daño para la causa pública o para tercero. En ambas definiciones se advierte la trascendencia del motivo que implica deterioro difícil a una causa pública o personal; cuestiones que no se advierte se actualicen en lo expuesto en el documento de renuncia del ministro Zaldívar; sin embargo, se adjudica la facultad de calificarlas como tal de manera subjetiva lo que anula la supuesta justificación constitucionalmente exigida.
Claramente, su separación por renuncia no está justificada constitucionalmente, no la legítima el que la acepte el presidente y la ratifique el senado, pues se trata de un acto sin materia en el que la frase nadie está por encima de la constitución como lo ha enfatizado el propio presidente López Obrador es una simple expresión formal, sin contenido sustancial. La renuncia daña premeditadamente al sistema Institucional de México, por un ministro que protestó resguardarlo.
Este acto político mancilla una vez más al sistema institucional mexicano y muestra claramente que la Suprema Corte, de permitirlo los ciudadanos, será convertido en un órgano de justicia politizada al servicio del poder, no del pueblo.
Es tiempo de que, nosotros los ciudadanos, no confundamos que votamos por un presidente que protesta guardar la constitución no por una transformación en la que prevalezca la voluntad presidencial convertida en Constitución, Juzgador y Legislador, como se pretende.
