La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue siendo motivo de una violenta campaña propagandística y política que tiene el claro objetivo de someterla, a la voluntad de los otros dos, el Legislativo y el esencialmente a la del presidente de la República, hacerlo mediante una conformación de ministros que respondan a las directrices del poder ejecutivo por eso en este periodo que está por concluir, ha incrementado sus esfuerzos por ir erosionando los cimientos en que se sostiene la autonomía e independencia del mismo.
La respuesta de los sectores de la población que comprenden y entienden en qué consiste la función y atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como bastión indispensable en un estado democrático de derecho, están rechazando las medidas implementadas por el ejecutivo federal, para alcanzar el objetivo esencial, controlar las decisiones del tribunal en favor del poder público, aunque lesionen los derechos fundamentales de la población al margen de la Constitución y del orden jurídico.
No consiguió en seis años integrar una mayoría de ministros, pero logró colar dos incondicionales que no le dan la mayoría que requiere; no cristalizó mantener al presidente anterior de la Corte, afín a sus objetivos; sin embargo está creando las condiciones para que su sucesora tenga el camino abierto y sienta la satisfacción de ver una Suprema Corte sometida al poder, para desviarla de su función esencial, proteger la regularidad constitucional, institucional de la República y los derechos fundamentales de su población.
Por eso ahora se ocupa de avanzar en otro aspecto, el económico, que ha propiciado una mejora en la autonomía e independencia de la Suprema Corte, su presupuesto y su sistema de administración mediante fideicomisos que ha acordado suscribir para manejar sus finanzas como poder autónomo destinados a mejorar las condiciones de funcionamiento y seguridad social de sus componentes.
La Suprema Corte precisa, para el ejercicio autónomo de sus atribuciones, que no producen recursos para dilapidarse a través de las magnas obras públicas, sino que propicia la paz y seguridad jurídica de los mexicanos, ese es su objetivo, no lo contrario que cuentan, sus integrantes, de condiciones que les garanticen estabilidad económica y de seguridad social que los aleje de la descomposición, no que los motive a insertarse en ella.
Se critica el que se asignen, a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia, altas cantidades de percepciones, lo cual esto es adecuado para una correcta administración de justicia y forma real de combatir la corrupción, pues quien tiene una fuerte carga de trabajo intelectual y está bien remunerado, lo desarrolla bien y con lealtad a su responsabilidad, la cuida, precisamente porque cuenta con la seguridad de no tener la necesidad de allegarse otros ajenos a su encargo. Esto permite al ciudadano ser exigente en cuanto al control de sus decisiones. La corrupción nace y se incrementa cuando los servidores públicos ganan poco y entonces recurren a los ingresos extras que provienen de las dádivas que producen los cargos, cuando se trata de asignar obras y presupuestos, sin licitaciones, o a pesar de ello se amañan los procedimientos y se hace una sana costumbre el pago de una comisión que abulta los presupuestos, amén de la que se recibe por el pago oportuno de facturas.
De ahí que la eliminación de los fideicomisos tiene ese claro objetivo encasillar la facultad de decidir de los juzgadores, en la voluntad del titular del poder ejecutivo. Les manda un mensaje claro en qué les dice, los estímulos por tu actividad, ya no te los otorga la Suprema Corte y sus comités económicos, sino el gobierno a cargo del presidente; el te los cubrirá; aplica así, el dicho popular de que, “él que paga manda” como lo práctica con los gobernadores de los estados pobres de la República sus municipios y órganos autónomos.
La Suprema Corte decidió, de acuerdo a sus facultades, celebrar diversos fideicomisos públicos como escudo financiero que robusteció su independencia y autonomía en el ejercicio de su función constitucional, velar por el equilibrio en el ejercicio del poder, proteger el sistema institucional y los derechos fundamentales de los habitantes de la República. Esa defensa es un obstáculo que inhibe que esté sometida a la voluntad de los poderes ejecutivos y legislativos; barrera que ahora los incita a buscar socavar su autonomía e independencia.
Por la trascendencia que tiene la función encomendada a la Suprema Corte en la seguridad jurídica de los mexicanos es que se impone, como deber ciudadano, que este domingo nos sumemos a la marcha en apoyo de sus integrantes se llevara a cabo en Oaxaca a partir de la once de la mañana, conscientes de que coadyuvamos a hacer efectivo un derecho común, preservar el orden Constitucional, legal e Institucional de protección de los derechos humanos de los que habitamos la República Mexicana. Este es el motivo que nos vincula al poder encargado de preservar los supremos valores de la vida asociativa del país, cimentada en la sangre y el esfuerzo de los hombres del pasado, que los del presente no están facultados para destruir. Unámonos, sin colores, al esfuerzo de lo que no es común, muestra libertad de pensar, manifestar y decidir que eso queremos.
