La próxima votación de presidente de la República, de integrantes del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los estados impactará de manera severa la estructura, el ámbito de facultades del control de la regularidad constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los poderes judiciales locales en los que toca al control difuso de la Constitución y protección, de los derechos humanos de los mexicanos.
Transitamos en una política pública que amplió, de facto, el ámbito del ejercicio del poder en detrimento de las libertades del pueblo. Se privilegia el poder, suprimiendo o limitando los controles institucionales que la Constitución y la ley prevén en favor del gobernado, lo que favorece que se comprima el espacio del quehacer del gobernado al que se restringe u obstaculiza el ejercicio de sus derechos, en la medida en que aumentan las facultades del gobierno, como instrumento de control de la conducta de las personas, en lo individual y colectivo, a través a los poderes judiciales a los que convierte en dependientes de los ejecutivos y de los poderes legislativos, concentrando las facultades de hacer leyes, ejecutarlas y de resolver las controversias en una sola persona, la de los gobernadores y presidente.
Esa política pública se lleva a cabo en la actualidad a partir del ejecutivo federal y se disemina en los estados por los gobernadores, senadores y diputados de la mayoría oficial que reproducen el mismo esquema para deslegitimar la actuación de los juzgadores de los organismos autónomos y del poder judicial federal y de algunos de los estados, como en Oaxaca, en que para debilitar aún más la poca autonomía que le queda al Tribunal Superior de Justicia se ha tachado, a sus integrantes de corruptos y de asignarse altos ingresos a sus juzgadores.
Se les degrada e impone su separación, voluntaria o forzada del cargo, a magistrados; a los jueces de primera instancia, se les coloca a modo como formas que debilitan a los organismos autónomos y poderes judiciales, al colocar a los afines del poder en turno para que, en su quehacer de tutelar, proteger y garantizar la regularidad constitucional y los derechos humanos de a los mexicanos, les impongan, limitaciones para que no puedan, constitucional y legalmente, controlar las acciones y programas, del presidente y gobernadores, cuando violentan el orden jurídico nacional.
Por eso, el juzgador que emite una decisión protectora de los derechos humanos de los mexicanos relacionados con las reformas que propone el presidente o, un gobernador, que se declaran no ajustadas a la Constitución, son tachados de corruptos, conservadores, contrarios a la cuarta transformación e incluso acusados penalmente, salvo las dos ministras afines al ejecutivo; los miembros del INE y del INAI son otra experiencia similar.
Por ello, diversas organizaciones públicamente señalan que existe una situación de grave riesgo para la independencia del sistema judicial federal en México, en un informe de expertos legales agrupados en, Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados que se denomina “Diagnóstico sobre Independencia del Sistema Judicial Federal en México, “señala el informe que para el caso de México, se detecta un grave riesgo en la independencia de la judicatura federal, derivada de constantes ataques por parte de otros poderes públicos, incluyendo dos temas de urgente preocupación: Los ataques constantes del presidente de la República a la judicatura federal en general, y ataques específicos a las integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas, magistrados, juezas y jueces federales; y la discusión actual para reducir de manera importante el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, que impactaría gravemente la función judicial.
El presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Olea, afirma que “El acceso a la justicia es un derecho humano y por lo tanto no está sujeto a negociación. El ejercicio de la facultad constitucional de aprobar el presupuesto de egresos del PJF no autoriza la violación de la independencia judicial y con ello la vulneración de derechos humanos”.
Se enfatiza en el documento publicado que, este diagnóstico, cobra especial relevancia de cara al próximo proceso electoral, en el que es fundamental que personas aspirantes a cargos de elección popular hagan un compromiso público por garantías de respeto a la independencia judicial, de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, que fortalecen la democracia, la división de poderes y el estado de derecho en México.
Guardar la proporción, las acciones estimadas contrarias a la independencia judicial no son nuevas, sino que ahora, se hacen públicas como muestra de que la forma de gobernar está sujeta a la voluntad de quien lo ejerce, aún por encima de la Constitución, la ley y sus instituciones.
Hoy la nueva forma de gobernar se rige bajo el principio de “nada sobre la voluntad de los ejecutivos federales y estatales”, ni la constitución ni ley y mucho menos de la soberanía del pueblo.
Hoy la legalidad opera al revés: los poderes ejecutivo y legislativo pueden hacer lo que dicte su voluntad; el particular puede hacer lo que le permita la voluntad de esos poderes. Esto es sumamente peligroso para las futuras generaciones. El presidente y los gobernadores, son a la vez, legisladores y juzgadores.
