Hace una semana, el dirigente de la Confederación Joven de Trabajadores, presuntamente escindida de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), René Balderas, a menudo mencionado de orquestar acciones de violencia, habría sido víctima de un atentado criminal. Como se difundió en redes sociales, sujetos desconocidos a bordo de una camioneta y una motocicleta le dispararon en al menos 6 veces al vehículo en que viajaba el citado, sin haber logrado su objetivo. Se trata de un evento bastante común entre quienes regentean el transporte en Oaxaca, escudados en sindicatos y confederaciones que, para muchos, son cárteles criminales. De esos atentados para segar la vida de algún dirigente o sicario a su servicio, hemos escuchado al menos durante los últimos 10 años. Lo grave es que nadie les pone un alto.
El año pasado, uno de los dirigentes de la referida Confederación Joven, Iván Luis Villaseca, hoy en prisión al igual que su hermano, resultó lesionado en un ataque con arma de fuego. Fue internado en un hospital del norte de la capital oaxaqueña. Hasta ahí llegó su adversario, Hipólito Rojas, dirigente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), para querer rematarlo al más puro estilo del narco. No logró su propósito pues fue detenido por la Policía Estatal y, posteriormente consignado. Poco tardó para salir de la prisión preventiva. Y, con certeza, volvió a las andadas, ahora en la zona de Salina Cruz, en donde diversos sindicatos y confederaciones se disputan las obras del rompeolas que se construye, en el marco del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Dicha disputa ha generado violencia y retrasos en la referida obra, además de una escalada criminal por el acarreo de materiales pétreos, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, les llamó “sindicatos mafiosos”.
En una entrevista televisada en el mes de marzo, a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y a pregunta expresa al respecto, el gobernador Salomón Jara subrayó que, se acabaron las prebendas y los cochupos con dichos gremios; que estaban acostumbrados al negocio y la presión, pero que eso ya no sería más. Sin embargo, es posible que algunos de sus cercanos hayan concertado acuerdos o compromisos que le amarran las manos al gobierno para intervenir. Y ello sería muy lamentable, pues hechos como del que hablamos al principio pueden ser el pan de todos los días.
Acotar corruptelas
En la conferencia de prensa del lunes 19 de junio, el gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que, a fin de fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción, su gobierno pondrá en marcha la Unidad de Inteligencia Patrimonial a través de la Secretaría de Finanzas que, al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera Federal permitirá y ayudará a identificar a las empresas y recursos desviados por parte de gobiernos anteriores. Se trata, sin duda alguna, de una buena iniciativa, sobre todo porque en los casi siete meses que lleva esta administración han empezado a aflorar algunas irregularidades y anomalías, particularmente en los Servicios de Salud en el Estado (SSO). En principio, trascendió la operación de presuntas operaciones de outsourcing, por el que presentaron su renuncia algunos empleados, en tanto que algunos funcionarios aún continúan pese a los señalamientos en su contra.
El ejecutivo estatal ha sido insistente en que no se permitirán corruptelas, sin embargo, es evidente que el dinero fácil no es algo a lo que se pueda renunciar tan fácilmente. Hace unos días circularon en las redes sociales datos e informes sobre la intervención de empresas factureras en la misma dependencia. De esta manera, si la política será de nula tolerancia para servidores públicos que incurran en actos de corrupción, es importante ponerles un freno y ello será con un área que investigue sus ingresos, tomando en cuenta lo que percibe para evitar prácticas de enriquecimiento ilícito. Desde luego que, utilizar dicha instancia sólo para indagar prácticas ilegales de gobiernos anteriores será tener una visión parcial del asunto y no permitir que abarque el universo de la actual administración.
Según diversas fuentes, se han encontrado una y mil anomalías. Pese a ello, sólo se han consignado al menos a 6 ex funcionarios: 4 de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), uno del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca (IEBO) y el ex director del Instituto Catastral de Oaxaca (ICEO), lo que implica que hay muchos expedientes aún por consignar a las instancias pertinentes. Empero, que ello no sea dejar la manga ancha a los funcionarios mayores y menores que están hoy mismo en el candelero, porque como lo mencionamos antes, en materia de corrupción la tentación es mucha, sobre todo para quienes jamás ocuparon cargos públicos.
