La iniciativa de reforma Constitucional y Legal Electoral inicialmente presentada por el presidente López Obrador, con la evidente intención de desarmar al Instituto Nacional Electoral (INE) aguantó dos rasuradas. La primera le quitó totalmente su trascendencia constitucional que pretendía, esencialmente, cambiar la denominación y los fines del órgano nacional electoral; a la segunda o plan B le acaba de quitar unos cuantos cabellos, aunque no todos, la Cámara de Senadores.
La reforma constitucional no prosperó al no obtener la mayoría parlamentaria necesaria para ello, lo cual motivó que el empecinamiento presidencial buscara un camino sinuoso al no lograr acceder a la vía directa, mediante lo que llama el plan B que le aconsejó un diablillo, según enfatizó en una mañanera, a través de una reforma legal a las leyes secundarias electorales que le permitiera debilitar al INE.
La jugada presidencial es evidente: pidió más de lo que sabía de antemano que podía obtener, al conocer de antemano que no contaba con la mayoría para obtener el máximo de sus pretensiones y, con ello impulsar medidas, las contenidas en el plan B para, que —como se dice— meter el pie en al campo de la negociación política que auspicie avanzar en su objetivo final, apropiarse de las libertades, del sentido democrático de elegir libremente de los ciudadanos mexicanos, al dejarlo sin un árbitro imparcial, confiable y legítimo.
Lo grave no es sólo la intención, como fondo real del asunto electoral, sino la forma de llevarlo a cabo que implica burlar el orden jurídico nacional para lograrlo, la artimaña del procedimiento rápido de legislar, imponiéndole al Congreso la voluntad presidencial e incluso los tiempos con violación a la regulación interna de la forma de actuación de las comisiones dictaminadoras y del pleno para hacer valer una mayoría ordinaria, sin mayor discusión.
Sin embargo, también en la Cámara de Senadores se apareció otro diablillo, el precandidato a la Presidencia de la República y líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, que hizo pública una realidad, la inconstitucionalidad de 21 porciones de la reforma legal contenida en el dictamen de la Cámara de Diputados que incluyen infracciones al procedimiento legislativo.
El ministro en retiro José Ramón Cossío, en reciente entrevista, expresó que coincidía con lo señalado por el senador Ricardo Monreal, sobre el número mínimo posible de inconstitucionalidades que, de manera general, impactaban el plan B de la propuesta presidencial.
La persistencia oficial por obtener que se aprobara la reforma legal electoral con rapidez tiene que ver con los tiempos electorales que le permitan meter la mano en la futura composición del INE y de otros candados que restringen el ejercicio de las facultades que actualmente tiene para mantener su legitimidad e imparcialidad en la operación y manejo de los procesos electorales.
Para lograrlo se introdujo al diablillo del secretario de Gobernación que ha avanzado en esa anunciada negociación misma que, con destreza, ha manejado el presidente, ya que dio dos pasos adelante para retroceder uno y alcanzar puntos intermedios que le permitan controlar el próximo proceso de elección de presidente, senadores diputados, gobernadores para mantener el poder en la persona de su sucesora o sucesor.
El objetivo de la negociación aún no concluye, pues quedan pendientes legislativos para febrero próximo que entrará a discusión en el senado y que en estos tiempos de reflexión que impone la temporada navideña y el año nuevo, seguramente mostrará el músculo de que dispone el presidente y el que represente Ricardo Monreal en el Senado, pues para entonces el panorama de los pretendientes de Morena será más claro y obligará a una decisión firme del aún representante de la Junta de Coordinación Política.
Me parece que a éste solo le quedan como opciones, una dentro del Partido Morena, del cual con certeza no será su candidato y, por lo tanto, de seguir en ese molde, puede negociar una posición relevante en el futuro gobierno de ésta, que se vaticina ganará la presea mayor; otra, elegir buscar y obtener la candidatura del bloque oposicionista, integrada hasta ahora por el PRI, PAN, PRD y quizás el MC, pues no se ve a nadie con los tamaños suficientes para ser competitivo de esos tres partidos, salvo Ricardo Anaya.
Monreal ya tuvo una práctica semejante a la situación política en que actualmente se encuadra cuando buscó ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México frente a la actual gobernante, lo cual posibilitó que marcara su posición en el Senado; otra experiencia con resultados positivos fue la que vivió cuando ganó la gubernatura en Zacatecas como candidato de un partido contrario al PRI cuando este último no aceptó postularlo.
En este entramado político, electoral, constitucional y de legalidad será relevante la elección de la presidenta o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decisión que debe tomarse el 2 de enero de 2023 de cuya orientación dependerá el derecho de los ciudadanos mexicanos a contar con instrumentos que le garanticen, protejan y tutelen el elegir libremente a sus gobernantes a través de un órgano especializado no dependiente del poder central, como lo dispone los artículos 1 y 41 de la Constitución.
