• Ambulantes
• Dirigencia
A pesar de que se cumplió más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió que las 160 mil hectáreas en disputa con Chiapas en la selva de los Chimalapas son territorio oaxaqueño, hasta el momento hay omisión y falta de seriedad de los gobiernos federal y estatal para dar seguimiento a la problemática de límites con el vecino estado. El Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa ha salido a denunciar que hasta el momento el conflicto agrario y de límites en ese municipio y en San Miguel Chimalapa sigue sin materializarse, pese a la confirmación a su favor.
Ante tal desidia, emplazan al gobierno de Salomón Jara Cruz a brindar la atención que merece el caso y al Gobierno Federal dar seguimiento a los acuerdos que se toman. Pasar de la demagogia a los hechos concretos para reconocer que las comunidades Chimalapas son dueñas de su territorio comunal. Por ello insisten en la nulidad total inmediata de todas las resoluciones presidenciales, acta de deslinde y planos de todos los ejidos, poblados que invaden el territorio comunal como Santa María y San Miguel Chimalapas y la colocación de mojoneras físicas en la línea que confirma a Oaxaca y que es el límite municipal de las comunidades Chimalapas.
Un tema que deberá asumir con total responsabilidad el gobierno de Oaxaca pues es un asunto de enorme relevancia y suma trascendencia, al grado que el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCH) rechazó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir 162 mil hectáreas de selva en Reserva de Biósfera Federal, como una forma de solucionar el conflicto de la invasión de la selva.
No solo se trata de rehabilitar caminos para facilitar el tránsito, atención en salud, educación y seguridad, también resolver conflictos agrarios y socioambientales, la conflictividad con sus vecinos chiapanecos por la tala del bosque e invasiones, que ya no admiten demora.
… A VUELO DE PÁJARO
Molestos e irritados por la “política del avestruz” del presidente municipal Francisco Martínez, vecinos y comerciantes del Centro Histórico protestaron en la sesión de Cabildo por la instalación de puestos semi fijos a un costado del templo de Santo Domingo de Guzmán tras su retiro del zócalo. Indignados por desalojarlos de un espacio y mándalos a otros, rechazan que ahora se apoderen de calles en el andador “Macedonio Alcalá”, y en las calles, Constitución, Gurrión, La Reforma y el jardín Labastida. Quienes esperan espacios son las triquis desplazadas de San Juan Copala, desalojadas del Palacio de Gobierno, y advirtieron que no cederán pues mientras a ellos les niegan todo a los del MULT les conceden lo que pidan.
Dirigencia
Se estrenó como dirigente del PAN en Oaxaca y de inmediato Perla Woorlich Fernández se comprometió a redoblar esfuerzos para tratar de convertirse en una verdadera oposición frente al gobierno de Salomón Jara Cruz. Anunció una intensa campaña de afiliación y de impulso para que los jóvenes tengan espacios en el blanquiazul de cara a las elecciones de 2024. Además de darle voz a quienes no estén de acuerdo con las acciones de la actual administración estatal. Aprovechó para arremeter en contra del gobernador por presuntos actos de corrupción.
Impunidad
A pesar que desde Palacio Nacional, en la “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja alertó del riesgo de impunidad en el caso de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, todo fue en vano. Por la mañana el funcionario dijo que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez pretendía que el Ministerio Público señalara penas por otros delitos y no pena no para el de desaparición forzada para disminuir años de prisión a inculpados, entre ellos la ex presidenta municipal de Nochixtlán, Liz Victoria Huerta. Ayer se consumó este temor, pues concedió la reclasificación del delito, a pesar de que el Ministerio Público había documentado su participación en el delito de desaparición forzada.
Palo dado
El Senado aprobó el llamado “Plan B” de la reforma electoral presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica varias leyes secundarias que promueven una reducción en el presupuesto del INE. Con las reformas a diversas leyes electorales se limita política y económicamente al órgano electoral y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del TEPJF, suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del INE y reduce de 300 oficinas distritales a 264.
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Volveremos.
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