Desde su fundación, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha servido para dos cosas: para que los funcionarios se llenen los bolsillos y para dañar a la ecología con la contaminación de los mares.
Si echamos una mirada al pasado, veremos que la paraestatal ha sido una fuente de enriquecimiento en todos los gobiernos; por ejemplo, fue caja chica de Díaz Serrano en la administración de López Portillo, quien estuvo al frente de Pemex durante 4 años, lapso en el que compró dos buques petroleros a sobreprecio, acción que lo llevó a su desafuero y posterior encarcelamiento en el Reclusorio Sur.
Pero lo grave es la contaminación que ha provocado Pemex en los mares de México. Uno de esos casos es Salina Cruz.
Pescadores de la zona recuerdan la contaminación que provocó Petróleos Mexicanos en agosto de 2012 al colapsar una de las monoboyas. Pero han ocurrido alrededor de 10 derrames con sus respectivos desastres ecológicos en donde los pescadores han pagado los platos rotos.
El viernes se dio a conocer un nuevo derrame de hidrocarburos en la playa de Bahía Ensenada, La Ventosa, Salina Cruz, lo que ha provocado la contaminación de una amplia zona marítima.
Esta sería la cuarta ocasión en que Petróleos Mexicanos contamina playas oaxaqueñas en tan solo un mes, sin dar una explicación al respecto a la opinión pública nacional, mostrando así su valemadrismo al que por años nos tiene acostumbrados.
En el lugar se presentó personal de Pesca y Marina para tomar nota del incidente.
A penas el 19 de agosto pasado ocurrió un derrame de hidrocarburos, el cual se extendió aproximadamente 105 kilómetros, y afectó Playa Brasil, Punta Conejo, Playa Azul y Playa Guelaguichi. El ayuntamiento decretó el cierre de tres de ellas.
En vez de indemnizar a los pescadores y a los dueños de restaurantes que han sido los más afectados, Pemex contrató a personas del lugar a quienes pagó 2 mil 500 pesos semanales para limpiar las playas que ya habían sido contaminadas.
Una burla de Pemex hacia los porteños, a los cuales les suelta simple migajas, pues se ven impotentes de enfrentarse a una paraestatal poderosa, que lo mismo causa derrames de combustible que provoca incendios en su refinería debido al pésimo estado en que se encuentra, pues adolece de mantenimiento.
Desde que era dirigente de los petroleros de Salina Cruz, el hoy desaparecido Alfredo López Ramos, denunciaba este problema y advertía una desgracia, pues la refinería se encontraba en condiciones lamentables, con una estructura vieja que era urgente cambiarla.
En septiembre pasado, por cierto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó los trabajos de modernización de la refinería Antonio Dovalí Jaime, donde ICA Flour construirá una planta coquizadora por un monto de 3 mil 18 millones de dólares.
Eso es mucho dinero, pero los directivos de Pemex se hacen los desentendidos y no quieren indemnizar a los pescadores que han resultado afectados por la contaminación con hidrocarburos. Vaya mezquindad de Pemex para no hacerlo, justo en estos momentos en que los dueños de modestos restaurantes requieren de recursos para apuntalar sus negocios.
Sorprende también que las dependencias oficiales dedicadas a cuidar la ecología como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no hayan iniciado una investigación contra esa paraestatal y le apliquen las sanciones correspondientes, porque ya es hora que Pemex, aunque sea una empresa del Estado mexicano, corrija sus desperfectos en esa planta vieja que es la refinería Antonio Dovalí Jaime.
Tarifa firme
Con la amenaza de un aumento a la tarifa del transporte urbano, las y los oaxaqueños confiamos en que esta no se concrete como ha sucedido en otros sexenios.
Recordemos que en administraciones anteriores la mecánica ha sido de movilización de los empresarios transportistas para solicitar un incremento de hasta dos pesos, que en un inicio fue rechazada por las autoridades locales y usuarios del transporte por considerarla injustificada.
Al final, luego de bloqueos y movilizaciones de protesta de los transportistas, el Gobierno en turno acepta un incremento en el pasaje, pero solo de un peso o hasta de 50 centavos, según las negociaciones que se lleven con los empresarios.
Esperamos que este no sea el caso al terminar el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa ni al empezar la administración del nuevo gobernador Salomón Jara, sobre todo ante la inflación que enfrentan los oaxaqueños en este año y los primeros lugares que ocupa Oaxaca en el encarecimiento de la canasta básica y diversos productos.
Hasta el momento, las autoridades locales han señalado que la tarifa autorizada es de 8 pesos y no se debe cobrar más, sobre todo ante unidades en mal estado y que no respetan los descuentos a estudiantes y personas de la tercera edad.
Ojalá que las presiones de un aumento en el pasaje no continúen en los próximos días y no se afecte más la imagen de la capital oaxaqueña, que de por sí se ha visto lastimada por la crisis de basura que evidenció la ineptitud y falta de capacidad resolutiva de las autoridades municipales.
