El 7 de marzo de 2022, un elemento de la Guardia Nacional división Caminos fue asesinado arteramente por el conductor de un auto de alquiler, supuestamente del sitio Libertad, de Miahuatlán de Porfirio Díaz. El hecho ocurrió en un puesto de revisión instalado sobre la carretera federal 175, Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura de San Pedro Mártir, Ocotlán.
Cuando el efectivo policial paró la unidad para realizarle una revisión de rutina, el conductor del taxi reaccionó de manera violenta y disparó en la frente del policía. En esa ocasión, dos de los presuntos responsables fueron detenidos, en tanto que uno más logró darse a la fuga.
Cuando la unidad fue sometida a revisión, los agentes pudieron constatar que en la cajuela había varias armas de uso exclusivo del Ejército mexicano, todas ellas “nuevecitas”, las cuales, seguramente, serían puestas a la venta con delincuentes que operan en la zona.
Los que participaron en este homicidio eran hombres que trafican con las armas, un comercio ilícito, muy penado por nuestras leyes, pero con mucha demanda en los pueblos campesinos de Oaxaca, donde se cultiva con facilidad la amapola y la mariguana, pero también con muchos conflictos por la tierra que ha dejado cientos de muertos y heridos, pero, sobre todo, huérfanos y madres solas.
Es muy común señalar que en Oaxaca podrías encontrarte a un campesino hambriento, pero con la mejor arma para defenderse, crear conflictos o para acallar, para siempre, al vecino que le pelea centímetros de tierras.
En los últimos dos años, en Oaxaca ha aumentado el número de ejecutados, de asaltos y de robos a domicilio, aunque debemos reconocer que los secuestros han venido a la baja.
De todas formas, la espiral de violencia se ha fortalecido, sin que nadie haga algo por frenarlo, pues tan sólo el lunes pasado, un total de 92 personas fueron asesinadas a nivel nacional, de las cuales; cinco de esos crímenes ocurrieron en Oaxaca. Nuestra entidad estuvo a la par con Morelos y Sonora, ciudades azotadas por la delincuencia.
En tanto, durante el pasado fin de semana fueron asesinadas en el país 250 personas, 12 de ellas en la entidad oaxaqueña. Esto ocurrió el viernes 28 y el domingo 30 de octubre pasados.
Pero, ¿qué está pasando con la inseguridad? ¿Por qué tantas ejecuciones cómo si no hubiera quien nos gobierne? ¿De dónde las arnas para tantas muertes? ¿Por qué el gobierno no emprende una campaña de despistolización para que nuestra gente, en el campo, deje de matarse por el bien de sus familias?
Es obvio que en la entidad oaxaqueña existen grupos delincuenciales que se dedican al tráfico y comercialización de armas, armas que venden o que simplemente cambian por drogas y de las que el gobierno poco habla.
Oaxaca siempre ha estado en el ojo del huracán. Así, durante 2011 los estados de Baja California, Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, el Estado de México y el Distrito Federal, fueron las entidades que registraron cantidades más altas de delitos cometidos con armas de fuego a nivel nacional.
De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, se ha estimado que unas 2 mil armas se introducen de manera ilegal de Estados Unidos a México cada día. Además, dos de cada tres armas involucradas en hechos criminales en este país han sido fabricadas o importadas legalmente de los Estados Unidos y de esa cifra se desprende que en el estado de Texas tiene su origen del 40% de las armas que han llegado a las manos de los narcotraficantes mexicanos.
“Se ha especulado que sin los recursos provenientes del narcotráfico difícilmente las organizaciones criminales hubieran podido llegar a tener el poder de fuego que tienen en la actualidad y que sin el flujo de armas de los Estados Unidos a nuestro país, las agrupaciones delincuenciales mexicanas no habrían tenido la oportunidad de dotarse del armamento para confrontar a otras facciones criminales, enfrentarse con el Estado y poner en juego la seguridad de los ciudadanos”.
“En el caso de México, algunos cálculos indican que desde 2006 más de 60 mil personas han muerto víctimas de la violencia relacionada con las drogas. Como factor detonante de esta violencia, el tráfico de armas ha jugado un papel importante, ya que el 70% de las armas recuperadas en México y que habían sido objeto de rastreo e investigación en el periodo 2007 y 2011 provino de los Estados Unidos. Las razones de lo anterior son obvias, ya que es casi imposible comprar legalmente un arma en México, pero hay más de 8 mil comerciantes de armas en los estados fronterizos de Estados Unidos y los cárteles mexicanos de la droga pueden adquirir fácilmente armas de fuego en aquel país a través de testaferros o en ferias de armas”, precisa el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
En enero de 2021, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, anunció un supuesto desarme en la zona triqui, región oaxaqueña en donde la vida no vale nada, pues los crímenes entre pobladores de esa etnia son interminables.
En esa ocasión, dijo que se avanzaría en un “proceso de desarme, por supuesto, de deslindar responsabilidades, no solamente combatir el tráfico de armas y de municiones, sino de identificar a las personas que han cometido este tráfico ilícito en la región. Pero tendrán que sentarse todos los actores para encontrar una solución”.
Hasta el momento eso no ha ocurrido; seguramente Encinas ya sabe que en esa zona el tráfico de armas, así como la siembra de enervantes ha tomado carta de naturalización entre los indígenas triquis, los cuales también han resultado buenos negociadores, que mezclan sus conflictos con la política, de ahí que mantengan una guerra prolongada, sin importarles que las víctimas sean sus propios hermanos.
