La reforma constitucional del transitorio que prolonga la permanencia del ejército en labores de seguridad pública hasta el año 2028 fue aprobada en el Congreso de la Unión y, el Secretario de Gobernación, se encarga de encauzar su aprobación por parte de las legislaturas de los estados que, es de esperarse se dé con la agilidad necesaria; proceso en el que, la de Oaxaca, se anticipó al ser la primera en hacerlo.
En paralelo el proceso de aprobación de la ley de ingresos avanza y se encuentra en el senado para continuar con lo que culminará sin cambios trascendentales, lo cual impactará lo relacionado con la cuestión electoral que busca disminuir la capacidad operativa y autonomía del INE que, seguramente, en paralelo con la disposición que otorgó el mando administrativo y operativo de la Guardia Nacional, al Secretario de la Defensa, transitaran en la ruta de las impugnaciones sobre su constitucionalidad.
Lo grave de estos eventos, es el desgaste que ocasionan a las fuerzas armadas en el orden político y de imagen, al estar sujetas a severas críticas y hackeo por el grupo guacamaya o zopilote, sobre todo al Secretario de la Defensa Nacional que sido el centro de ellas, ante la rebeldía mostrada para comparecer a rendir cuentas ante los que le otorgaron ese beneficio, los miembros del Congreso de la Unión, quienes adujeron que dicha fuerza tendría que estar sujeta, respecto de las tareas encomendadas en seguridad pública, a la supervisión y vigilancia de su actuación por el Congreso, a fin de que actúen en el marco de la ley. La realidad les mostró, a los legisladores, que no es así, que el ejército se manda per se y solo responde ante el presidente como su jefe supremo, al menos formalmente.
Como quiera que sea, el ejército, ha sido utilizado, por el poder ejecutivo, como un elemento maleable, frágil, insertado ahora, en las redes políticas y financieras del gobernante en turno, quien lo cautivó, elevándolo como salvador incorruptible del pueblo en materia de seguridad pública, poniéndole, además en sus manos, el poder del dinero público y de las obras más grandes, elementos que, a decir de un exgobernador de Oaxaca, son los esenciales de la complicidad, impunidad y la corrupción. Lord Acton, hace más de cien años, acuñó la frase: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Es una situación delicada en cuanto que el ejército ha tenido una imagen de fuerza y disciplina que imponía respeto al pueblo, mismo que ahora, en algunos casos, ha retenido y desarmado a sus elemento, se les ataca y priva de la vida; su jefe el Secretario, se ha demeritado como un sujeto humillado ante las mismas cámaras televisivas y los senadores que le imputaron la demeritada tarea de escuchar cómo ha sido manipulado por el poder presidencial que lo sujeta a la connivencia de compartir los fondos públicos destinados para esas las calificadas como magnas obras, el control de los aeropuertos, aduanas y migración. Al ejército se le ha entregado formalmente el poder absoluto que le comparte el presidente.
Esto es una realidad, la que vivimos los mexicanos y oaxaqueños que no hemos advertido que, a través de la seguridad pública, a cargo de la Guardia Nacional, bajo el esquema civil, pero operada y administrada por el ejército, el círculo de libertad de la población, delincuentes y no delincuentes, queda a merced de las fuerzas armadas, como nervio político del presidente y su partido que, con ello y la fiscalía a modo, son las herramientas que doblegan a la voluntad opositora que no cuenta, hasta ahora, con un liderazgo que permita sumar las coincidencias de ganar la presidencia en el 2024 sobre las diferencias de las corrientes políticas pulverizadas por el presidente López Obrador y su operador el Secretario de Gobernación.
La ventaja es para el Presidente López Obrador que recibe las críticas e insultos y con destreza las disuelve, sabedor que ha logrado fraccionar a las corrientes políticas que propagaban un débil pacto de conveniencias, mismas que el poder, ha minado con amenazas y prebendas que le están dando resultados positivos; acciones que realiza con habilidad y cinismo acentuado el Secretario de Gobernación que de manso cordero se convirtió en un lobo feroz que se come a las caperucitas de la oposición.
Cierra la pinza este esquema de camisa de fuerza el asunto electoral que implica acotar el ámbito de los derechos humanos de naturaleza política de los ciudadanos mexicanos, con una medida regresiva, tendiente a erosionar las libertades de esa naturaleza, sin tomar en consideración que tal medida contraría lo previsto en el artículo primero constitucional y diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos.
El Congreso de la Unión, deberá reflexionar sobre este atropello constitucional, no solo al INE, sino a los Derechos Políticos del Ciudadano que de aprobar la inoportuna e innecesaria reforma.
