Muchos casos de inacción de la justicia, de falta de actuación jurídica, lento o nulo avance de procesos, franca impunidad y trazos de complicidad se pueden encontrar en las palabras de María Elena Ríos que en estos días fueron reproducidas en periódicos nacionales.
El viernes 9 de septiembre se cumplieron tres años de que la saxofonista fue agredida con ácido presuntamente por órdenes del ex diputado priista, Juan Antonio Vera Carrizal y desde entonces vive un suplicio tanto por los efectos físicos y sicológicos, resultado directo del ataque, como por la lentitud, con visos de impunidad, con que se lleva a cabo el proceso y la detención del hijo del empresario gasolinero, a pesar de estar plenamente identificado e, incluso, se dice localizado.
Hay lentitud, inacción oficial, sobre todo de la Fiscalía por la cual han pasado dos personajes desde el ataque. ¿Por qué? La saxofonista da pistas o francos argumentos de peso. Acusa al fiscal, Arturo Peimbert de tener miedo a represalias de altos personajes ligados al gobierno estatal y, esto es lo trascendental, que tienen sociedad empresarial con la explotación de estaciones de servicio de Vera Carrizal. Va más lejos, en algún momento incluso menciona huachicol, lo cual no está probado.
María Elena indica que Peimbert se disculpó con ella por la falta de arrestos para detener a Juan Antonio Vera Hernández, identificado como un segundo autor intelectual. Esta versión de la saxofonista explicaría buena parte de las trabas que enfrenta, la re victimización y los ataques a su persona.
Y bien, en una entrega anterior preguntamos ¿por qué no se embargan las cuentas de las empresas de los involucrados para cubrir los gastos del tratamiento y resarcir los daños causados? Es lo justo y no sacar del erario público para pagar lo que ha ocasionado un particular. La respuesta la dan los involucrados. En lo más difícil del proceso, producto de la presión mediática y de la opinión pública nacional e internacional las estaciones de servicio de los personajes llegaron a vender el combustible a la mitad del precio de mercado, pero con pago en efectivo. Otro ¿por qué?
Justamente si se llegarán a embargar las cuentas, estas serían las bancarias y el efectivo proporciona liquidez, aunque se guarde debajo del colchón, pues no correría peligro y los socios, si lo hay, verían impedidos de retirar sus ganancias.
Aún es posible ver en al menos dos gasolineras, sobre la avenida Gómez Morín o la salida a Tuxtepec que, desde hace rato, no es posible pagar con tarjeta de crédito. Los pagos son en efectivo o sea, esos recursos no serían embargable, bueno, costaría mucho trabajo hacerlo.
El caso de María Elena Ríos empata, entonces, con la misma burda estrategia y nulos avances en torno a la muerte de Ivana Mingo, cuyo caso se ha extendido por casi 4 años, pues aconteció en 2018 y ha caído, prácticamente en el olvido, lo cual tiene a alguien o algunos beneficiados.
Atajar manoseo en nuevo ente
Al finalizar agosto, el gobernador Alejandro Murat emitió la convocatoria para integrar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del estado de Oaxaca. El documento se publicó el 29 de agosto en una edición extra del Periódico Oficial con todos los requisitos legales del caso.
La finalidad es cumplir con Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca y el llamado es a personas interesadas, colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil; en esto último, sin duda, hay que hilar muy fino. Nos explicamos.
Luego de lanzar la convocatoria, colectivos se han dado a la tarea de difundirla. Al señalar que hay al menos 400 desaparecidos pero temen que la cifra sea mayor. Pero acá viene lo controversial, en conferencia de prensa demandaron que en el nuevo Consejo se integren a familiares de desaparecidos, y “dar prioridad a los integrantes de colectivos o grupos que por años han trabajado por la localización de las personas”.
Desde dos vertientes observamos cabos sueltos: la terna de los posibles integrantes la enviaría al congreso el Ejecutivo estatal, con lo cual podría a prestarse a negociaciones políticas y moneda de cambio entre partidos, grupos de presión, colectivos y organizaciones y, por otro lado, ¿qué da derecho a colectivos solicitar integrarse a ese cuerpo colegiado? Este punto de vista levantará inconformidad, lo sabemos, pero la Comisión debe mantenerse los más independiente posible, ajena a manoseos y negociación.
Tenemos ante nosotros, por ejemplo, al Comité de Víctimas de Nochixtlán que han medrado con la masacre o, más cerca de acá, el MULT, MULTI que han impedido la paz y el regreso de los desplazados triquis a su región. ¿A quién conviene mantenerse en conflicto e inconformidad permanente?
Manosear la Comisión podría llevarla a nacer muerta y ser un mecanismo más, que en lugar de ayudar a encontrar a los desaparecidos, a la larga se convierta en una traba, se burocratice y sea presa de extracción de recursos o arreglos político sociales. Insistimos, debe nacer independiente y lejos de manoseos.
