El menoscabo de las instituciones nacionales fruto fino de una larga lucha que se inició con el movimiento de independencia y continuó con la Revolución Mexicana y la expedición de la Constitución de 1917, mismas que se fueron apuntalando durante la hegemonía y la alternancia, se acentúa en este gobierno de la cuarta transformación que, se discurre, las desmantela por ser fuente de corrupción e impunidad propiciadas por el sistema neoliberal.
El presidente López Obrador formado dentro de las experiencias del pasado, es discípulo fiel, pues prometió transformación de la forma de gobernar, remedando el autoritarismo, al asumir, a través de las fuerzas armadas el control monopolizado del erario público y de la seguridad pública que controlará, vigilará e investigará las libertades de los mexicanos y culminará con la anulación del INE como árbitro electoral independiente y autónomo.
La maniobra transformadora debilita lo construido democráticamente, por el pueblo mexicano, para apropiarse de la voluntad popular, al fungir como máximo legislador del congreso de la unión, por medio de Morena, hermano gemelo del PRI, emulando las destrezas hegemónicas, pero mejoradas, sin límites, pues ha debilitado a la Suprema Corte de Justicia como poder autónomo encargado de controlar la legalidad y constitucionalidad de los actos de los poderes ejecutivos y legislativos.
Su oferta de transformación es la que fija su voluntad, no como representante del Pueblo. Su objetivo, crear las condiciones para regresar al pueblo a vivir una democracia suprema del pasado, pero acentuada y cimentada en la desvalorización de los Derechos Humanos y del sistema de protección de las libertades de los gobernados sujetos a las dádivas del erario público y de la represión de la fuerza toral del Estado Mexicano, las armadas, cooptación de la voluntad del voto ciudadano, al dejarlo sin un órgano independiente y autónomo que lo proteja, garantice y tutele, el INE.
Ahora se discute la constitucionalidad del Decreto anunciado por el Presidente de la República, de que la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien ya cuenta con el manejo operativo, es decir de las policías, que precisará, contradictoriamente, el 16 de septiembre, fecha en que magnificará el movimiento de independencia de México y en paralelo, someterá la libertad de la voluntad popular y el sistema federal a la suya con la amenaza de la represión justificada que implica el monopolio del gasto de los dineros y obras, y seguridad pública (civil) por las fuerzas armadas.
La estrategia implementada y continuada sin desvió para alcanzar el difuso objetivo transformador, de sometimiento de la voluntad popular ha un pasado que crítica ahora, lo justificará, en cuanto al control del aparato represivo de las fuerzas armadas, si se lo legaliza la Suprema Corte, con el miedo social frente a violencia y desorden que se materializa en estados como Baja California, Guanajuato y Jalisco, persiste en Guerrero, Michoacán y se refleja, con menor intensidad, en otras entidades.
Los presidentes mexicanos durante la hegemonía y la alternancia cuando han tenido que tomar y justificar decisiones duras e incluso contrarias al orden jurídico nacional como las que ha implementado el actual, son consecuencia de estados de crisis que el propio poder propicia previamente para para poder hacer transitar sus políticas públicas cuando son cuestionadas.
Recordemos lo qué pasó a fines del gobierno de Carlos Salinas, que advirtió un tema complicado cuando eligió como candidato del PRI a Luis Donaldo Colosio, quien después de un fuerte discurso, fue asesinado. Este hecho causó conmoción y riesgo en la próxima elección, entonces el sistema implementó el asunto de Chiapas y la Guerrilla que causó temor social y permitió que el régimen impusiera sin contienda electoral a Ernesto Zedillo.
Otro ejemplo es el halconazo de Luis Echeverría para deshacerse de Alfonso Corona del Rosal y Alfonso Martínez Domínguez a los que responsabilizó y separó de sus aspiraciones y cargos; la invasión de predios en Sonora por parte de líderes de la CNC, que utilizó para quitar a Armando Biebrich de Gobernador al acusarlo de represor de campesinos cuando ordenó repeler a los invasores.
El ataque a las instituciones, la Constitución, la concentración del erario público y de las fuerzas armadas como mando formal de las fuerzas de seguridad pública, será legitimada y justificada ante el crecimiento del crimen organizado o no, lo que usará como motivo y respuesta a la exigencia de los sectores sociales, municipios y estados de que se les otorgue seguridad en sus entidades, lo que es un buen pretexto para integrar la seguridad pública (civil) al ejército.
Para ello lo que presuntamente hizo García Luna, se transformó en la política de besos y abrazos no balazos, materializada en la convivencia, tácita o expresamente pactada con el Chapito, por eso fue liberado, vinculada al buen trato a su familia. Lo único que cambió fue la forma, el fondo es el mismo de la guerra de Calderón, pero al revés, en este periodo fue declarada por crimen, con el incentivo del gobierno para justificar finalmente el estado autoritario y represivo de “Derecho”.
Cuando el ejército actúe como fuerza de seguridad pública, será aplaudido porque los besos y abrazos serán balazos de verdad con una estrategia derivada de la disciplina militar, ante la denunciada incapacidad y corrupción de los policías municipales y estatales por el gobierno federal. Sin embargo, el riesgo de daño mayor será la restricción del ámbito de las libertades del gobernado, la incertidumbre y en general de su actual esquema de protección de sus derechos fundamentales.
No nos debe engañar, como en la época de la colonia, los espejitos de la devolución del dinero de los mexicanos, en las pensiones a adultos mayores, y becas a estudiantes, para quitarnos algo más valioso que el oro en la antigüedad, nuestras libertades. Reflexiones para visualizar lo que queremos para las generaciones futuras.
