LOS RÍOS de sangre que bañan la República Mexicana y que en 42 meses del actual gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, superaron los 121 mil 600 homicidios –más de los que se contabilizaron en TODO el sexenio de Felipe Calderón– nos recuerdan que las cosas NO están bien, como asegura el mandatario federal.
MÁS AÚN, la umbría cifra se suma al recuento de promesas incumplidas por el tabasqueño que, en enero de 2018, cuando andaba en busca de votos, en Yucatán decía –yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados– (El Sol de México 01/febrero/2022)
Y LAMENTABLEMENTE, Oaxaca no es la excepción en la cifra de homicidios, que, de acuerdo a la Fiscalía estatal, en 2017 hubo 1,941 (121 de las víctimas fueron mujeres)
EN 2018, 1,775 personas fueron asesinadas (114 mujeres). En 2019, 1,878 homicidios (135 mujeres) y en 2020, año de confinamiento, 1,697 personas murieron con violencia (19 eran mujeres).
PARA 2021, el número de muertos regresó al nivel de 2018 con 1,767 CASOS (102 mujeres). En el primer trimestre de este año, se presentaron 403 homicidios. Número no muy alejando del promedio de asesinatos de los últimos dos años (144 asesinatos al mes en nuestra entidad).
ESTOS, ojo, son los datos reconocidos por la autoridad (http://fge.oaxaca.gob.mx/index.php/estadisticas) MAS no incluye los casos de desaparecidos que también -en gran medida- engrosarían estas cifras rojas y que de acuerdo al violento mes que estamos atravesando, podrían incrementarse. Esperemos que no.
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VIRAR
CAMBIAR DE DIRECCIÓN la actual política de seguridad es lo que están poniendo sobre la mesa múltiples voces.
LA IGLESIA Católica, luego del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, están presionando, desde sus élites hasta sus púlpitos, para que el gobierno obradorista CAMBIE la estéril labor que hace ahora en materia de seguridad.
UN GRUPO de políticos, encabezados por la gobernadora panista de Chihuahua, MARÍA EUGENIA CAMPOS –recuerden que incluso allá en esa entidad norteña anduvo, para sumarse a la causa de la mandataria, el exgobernador de Oaxaca, DIÓDORO CARRASCO ALTAMIRANO– también anda tratando de proponer alternativas.
EL OBJETIVO de aquel encuentro en Chihuahua, de acuerdo a trascendidos, es la creación de una propuesta de color azul –recuerden que en estos momentos el PAN tiene 7 gobernadores: Durango, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas (entidad que pronto cambiará de color) Yucatán, Chihuahua y Aguascalientes– Misma que contribuya, al gobierno obradorista, a dar un giro al actual estado de cosas en materia de seguridad.
HASTA dentro de las filas morenas, Ricardo MONREAL, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, anduvo impulsando en el senado “revisar y a analizar la estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal” para “colaborar con el presidente para mejorar la seguridad pública”.
COMO ven, los manotazos se multiplican y suben de intensidad. Claro, una cosa es lo que ellos opinen y otra muy distinta lo que disponga el mitómano de Macuspana que desde Palacio Nacional enseña que NO hay más voluntad que la suya.
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SANCIONES
DE LOS pasillos de la Ciudad Administrativa, aseguran que en la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior (CGEMSYSCT) están destruyendo archivos que pueda involucrar en delitos a algunos funcionarios de la dependencia que anduvieron extendiendo autorizaciones, certificados, constancias a instituciones de educación privada de manera indebida.
ES PROBABLE –me indican– que la contraloría verifique expedientes, pagos (a ver si notan qué autorizaciones se emitieron sin pagos oficiales) Actas firmadas por los funcionarios involucrados para las autorizaciones, si es que las encuentran.
VEREMOS qué resultados arrojan las auditorías y qué sucede con el director de Educación Superior, Marcial Ocampo, con su auxiliar Carlos Edwin González y con el responsable de la Coordinación, FRANCISCO MÁRQUEZ, ante el presunto esquema de corrupción que imperó en la dependencia. Del interior de ésta, me comentan que, si las revisiones son bien hechas, las sanciones podrían IR más allá de esas oficinas y derivar hasta en clausura de escuelas ¿será?
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