“¡Malditos aquellos que con sus palabras defienden a los trabajadores, pero con sus votos protegen a las Sofomes! ¡Evítense el ridículo, legisladores de Morena!”, alertó el jueves en la tribuna de San Lázaro Mario Riestra Piña (PAN), alegando que el salario estaba protegido por la Constitución y no podía ser embargable bajo una reforma que revivía la tienda de raya.
Ése fue el argumento de la coalición Va por México y de Movimiento Ciudadano.
“Los que estemos con los trabajadores el día de hoy, votaremos a favor este dictamen. Los que estén a favor de los banqueros, votarán en contra”, reviró Reginaldo Sandoval (PT), al defender un dictamen que, según Morena y el PVEM, pondría fin a los abusos de un mercado de ¡11 millones de créditos vinculables a nómina! ¡Un negocio de 400 mil millones de pesos!
La mayor defensa vino del coordinador de la diputación del PVEM, Carlos Puente Salas, quien llamó a los legisladores de oposición chalanes de la oligarquía y de la banca extranjera “harta de beneficiarse y de mamarse de este país”. Y acusó: “Están trabajando para los dueños de la usura, que no dudaría que lo están haciendo a cambio de que les financien sus campañas y sus despensas”.
Salvador Caro (MC) dijo que había legisladores con negocios en el sector: “Se entiende que estén los chalanes de Slim, de las telebancadas, pero los demás no son chalanes de la oligarquía, son sus prostitutos (…) Subieron el salario mínimo para que éste sea entregado en las tiendas de raya”.
Así culminó este 17 de marzo el penoso y opaco capítulo de un dictamen que se hizo en lo oscurito, ignorando a la Secretaría de Hacienda, Banxico y la Condusef, cuyos representantes fueron regañados por el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, cuando una semana atrás se enteró de que estaban documentando las dudas de los legisladores de su bancada que se resistían a la línea.
“¡Me van a echar a perder el acuerdo político con el Verde!”, se quejó el líder parlamentario, quien convenció a sus compañeros y al PT de cerrar filas.
Sólo 10 votaron en contra, destacando la morenista Susana Prieto –que ha tenido la valentía de defender a los huelguistas de Notimex– quien advirtió: “No somos borregos y hay dictámenes con los que no estamos de acuerdo (…) la clase trabajadora va a demandar la irresponsabilidad, porque los vamos a poner al bordo de la quiebra cada vez que tengan problemas de carácter económico y financiero”.
Estampas de una mayoría legislativa que despilfarra su capital político en el intercambio de favores económicos que el Presidente de la República prometió cancelar, como esta reforma que el PVEM solicitó a Morena a cambio de no romper el bloque.
Y es que con la pretensión de mantener cohesionado ese amasijo de intereses contradictorios para concretar la reforma eléctrica y el golpeteo al INE, entre legisladores que el sexenio anterior eran adversarios ideológicos, el coordinador Mier Velazco accedió a sacar adelante un dictamen que favorecería a las instituciones financieras en el cobro de sus préstamos directamente de la nómina de los trabajadores, quienes podrían dejar en prenda su salario hasta en 45 por ciento.
Antes de concretar el dictamen en la Comisión de Hacienda, que preside Armando Melgar (PVEM), hubo jaloneos en la negociación.
Por eso, cuando Morena y el PT quisieron sacar adelante una comisión especial por el caso de la Guardería ABC, dadas las declaraciones del ministro presidente Arturo Zaldívar, la bancada de los verdes se manifestó en abstención, en espera de que su agenda también tuviera el visto bueno en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Pero como la línea es la línea y los legisladores de la 4T creen que la popularidad presidencial les alcanza para sus maromas retóricas y legislativas, a la hora del debate, no hubo reparo en defender el dictamen.
Se habló incluso de que los petistas fueron convencidos por Morena de que votaran a favor, como parte de una simulación, ya que confiaban en San Lázaro de que el Senado congelaría la reforma.
No ha sido necesario llegar hasta allá porque el dictamen apenas vivió 12 horas.
De manera inédita, ayer, el presidente López Obrador le dio la razón a la oposición, al advertir que vetaría la reforma porque el salario es sagrado.
La descalificación desde Palacio Nacional mató el dictamen modificado por los diputados y que se originó en el Senado bajo la autoría del cetemista líder sindical convertido a la 4T, Pedro Haces, con la pretensión de regular el opaco y agiotista negocio de las instituciones financieras que prestan a los trabajadores más vulnerables del país. Ese sector donde hay abonos chiquitos para pagar poquito, pirámides, tandas y fraudes criminales.
Fracasaron ahora quienes buscan purificar sus enjuagues bajo la propaganda y la popularidad presidencial. Pero lo seguirán intentando.
No es una anécdota. Es el resultado de repartir perdones a cambio de sometimiento.
