La semana que concluyó implicó para los habitantes de la ciudad y zona conurbada un recrudecido estado permanente de violación de sus derechos fundamentales, parte de lo que se conoce como orden público, previsto como garantía del uso adecuado de los bienes de uso común, de convivir en paz, con armonía, en un contexto de respeto a los derechos de los demás como una obligación personal que se materializa así, en una garantía social al cuidado de las autoridades constituidas, teniendo éstas la facultad de preservarlo y de hacerlo inclusive por la fuerza para asegurar que el buen comportamiento cívico se cumpla y la vigencia del orden jurídico.
En Oaxaca, diversos sectores se han pronunciado en contra de actos cotidianos de daño profundo del orden público, que provoca la irritación de una ciudadanía indefensa e impotente frente a esos agravios que le han quitado el derecho a desarrollar una actividad lícita; de trabajar, transitar sin riesgo de su vida, integridad física o patrimonial; por vías terrestres, de salir o ingresar al aeropuerto, a la ciudad o sus poblaciones; obtener el servicio de salud en hospitales; a pedir justicia en los tribunales u oficinas públicas.
Este constante estado de inseguridad altera el ejercicio de las libertades que, como derechos fundamentales nos pertenecen a los seres humanos, formalmente garantizados en la Constitución y las leyes, y que como obligación, es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno de la República, específicamente del Presidente de la República, los gobernadores y los Presidentes Municipales que, para ello, tienen el mando de las dependencias que actúan como operadores, las policías para prevenir o perseguir a los que afecten ese orden.
Por espacio de más de dos años hemos vivido en una situación forzada de restricciones impuestas por el fenómeno de una pandemia que, bien o mal atendida por el Estado Mexicano, nos ubicó, aun en contra de nuestra voluntad, en un estado de incertidumbre, no solo jurídica, sino emocional, consecuencia del aislamiento social, la suspensión de la convivencia familiar; de transitar limitadamente, de no trabajar, no poder acceder a los servicios públicos, derecho a la salud condicionado e insuficiente, perdida del salario o percepción de ingresos a comerciantes y empresarios, entre otros.
Hoy, a ese mal que persiste, se agregan los cierres de vías de comunicación que aíslan a los habitantes del Municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada; se toman oficinas públicas; se limita o impide el desarrollar la diligencia productiva que permite sostener una familia; anormalidad que agrava las restricciones, más allá de las propias de la pandemia, de nuestros derechos fundamentales y los distintos rangos de ingresos que trasciende a una mayoría que obtiene un salario diario.
Las capas de menores ingreso son las afectadas por expresiones colectivas de comunidades u organizaciones que, con razón o sin ella, exigen el cumplimiento de promesas incumplidas por quienes gobiernan; de insuficiencias estructurales o presupuesto; sin faltar las que son instrumento de complicidad con las mismas autoridades para obtener fondos públicos que, proporcionalmente se comparten entre la autoridad y los reclamantes a través de sus líderes. Los objetivos son diversos, en unos casos para enfocar la atención pública en esos hechos y no en otros más graves; como excusa de la no justificación de ciertos renglones presupuestales; es posible que, dada la etapa en que estamos los Oaxaqueños, de provocar negociaciones con el futuro gobernador o gobernadora, para repartir el premio de seguir dentro del presupuesto.
Como se quiera interpretar la atonía del gobierno local, la sociedad civil en Oaxaca, debe tornarse un factor de exigencia que auspicie condiciones de recuperación del Estado de Derecho, ahora extraviado, que propicie la unidad del pueblo en lo esencial, la recuperación del orden público, para alcanzar un objetivo amplio de real desarrollo, no simplemente mediático, mejoramiento de la economía familiar, seguridad pública, justicia pronta sin obstáculos; una Fiscalía ágil, oportuna y eficiente con acceso transparente con autonomía en su actuar; garantizar y asegurar el libre tránsito; mejoramiento de los servicios de salud y educación
Vivimos en Oaxaca, una epidemia de omisiones derivadas del no uso de la fuerza legal de la autoridad para hacer efectivo el derecho a una convivencia enmarcada en el orden público y el Estado de Derecho traducida en la afectación de los derechos de libre tránsito, propiedad y posesión, derivadas de daños ocasionados a inmuebles, incluyendo bienes patrimonio de la humanidad; sin garantías de protección para la población derivadas de perturbaciones injustificadas, al amparo de la omisión injustificada del gobierno.
Hoy vemos con decepción, que el Gobierno del Estado ha incumplido la protesta de cumplir el orden jurídico nacional al aceptar el cargo, ya que, por omisión, como autoridad constituida, abandonó el cuidado del derecho ciudadano al orden público y el hacerlo inclusive, por la fuerza legal de que dispone, para asegurar que el buen comportamiento cívico se cumpla y la vigencia de la ley. Esto lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso Oaxaca, respecto de la obligación del Gobernador del Estado.
Este presupuesto debe ser la guía de la autoridad como obligación constitucional y, la vía de exigencia a favor de los sectores civiles como insatisfechos respecto de su componente esencial para desarrollo de la relación en la vida comunitaria la recuperación del estado del orden público y vigencia del Estado de Derecho. Se ha impulsado así, para provocar que la autoridad sanitaria vacune a sectores excluidos de ella por razones de edad, del juicio de amparo.
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