En México se convirtió en una costumbre que cada sexenio los gobernantes de las diversas entidades del país que terminan su ciclo o se encuentran a la mitad del mismo durante el cambio presidencial pongan tierra de por medio, para evitar cargar con culpas propias o ajenas que los enfrenten a casos judiciales o hasta pasar por la cárcel.
Y es que los gobernadores, principalmente, aquellos que causan polémica en su forma de gobernar saben que el ajuste de cuentas pendientes les habrá de llegar por algún recoveco de la justicia o simplemente por cometer alguna infidencia o hasta delito.
Es curiosa la forma de actuar de la justicia, ya que algunos ex gobernantes que han pisado la cárcel enfrentan delitos cuyo sustento es sumamente débil, pero sirve para que el siguiente sexenio se quedan recluidos, la mayor parte de ellos sin sentencia y los que las tienen obtienen reducciones o son penalidades no tan graves.
Los casos políticos en México son rápidamente diluidos y no hay noticias de que un personaje político haya pasado mucho tiempo en prisión.
Es cierto que Mario Villanueva Madrid ha pasado más de 20 años en la cárcel y hasta la fecha sigue en prisión domiciliaria, pero él fue acusado de delitos distintos a los que enfrentan los ex gobernadores que son juzgados.
Mario fue acusado de vinculación a grupos delincuenciales y cuando obtuvo su libertad por los primeros delitos fue acusado de otros y hasta extraditado a Estados Unidos, donde cumplió con su condena.
Otros ex gobernadores que han pisado las prisiones de México ha sido encarcelados con pruebas débiles que caen por su propio peso y obtienen su excarcelación al no comprobarse los delitos por los que fueron juzgados y hasta salen libres absueltos de las acusaciones.
Son muchos los casos en que se confirma que se actuó en su contra por revanchas personales de sus sucesores, venganzas o simplemente para escarmentar a otros más.
En la historia política del México moderno, muchos personajes de primer nivel han sido acusados de corrupción, lavado de dinero, desvío de recursos y otros delitos más, pero, aunque logran su libertad y pasan algún tiempo en prisión no reintegran lo que supuestamente obtuvieron mediante esos delitos.
Si hay algunos que no procedieron las denuncias en su contra y como la cantidad sustraída era menor prefirieron devolverla al erario y dejar los casos en santa paz.
Sin embargo, las millonarias cantidades de las que se habla que salieron del erario para favorecer a un gobernante a su cercano grupo no regresan jamás a las arcas federales.
La danza de los millones no es privativa de los sexenios anteriores ni mucho menos del actual, ya que siempre se exageran las cifras, son alteradas o no cuentan con sustento alguno para comprobar su salida o el beneficio producido.
En la actualidad se han manejado cifras estratosféricas de personajes no del gobierno sino de la iniciativa privada y se estableció la posibilidad de acuerdos reparatorios para que dichos personajes dejen prisión.
Primero fue Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, después se intentó hacerlo con Emilio Lozoya, pero este quería cubrir un saldo modesto en comparación a lo obtenido por los supuestos actos de corrupción y ahora se plantea la posibilidad de que Juan Collado haga lo propio.
Claro que en medio de todo esto hay posibles enjuagues, en los que muestra la descarada corrupción en que incurren una serie de funcionarios o ex funcionarios del gobierno federal, por lo que la investigación debe llevarse hasta el fondo del asunto, para dilucidar quién o quiénes son los que mienten en este tipo de acciones y penalizar a unos y otros que en algunos casos actúan como supuestos intermediarios para salvar de la cárcel a políticos o empresarios.
Sin embargo, en muchos de los casos, las enuncias o señalamientos son hechos cuando los ex servidores públicos se encuentran fuera de los gobiernos federales o estatales y ya pasado cierto tiempo de ocurrido y no en el momento en que se intentó realizar esta práctica de influyentísimo o abuso de autoridad.
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