La protesta ciudadana para exigir agua potable limpia en Jalisco derivó en una crisis de derechos humanos luego de que manifestantes, familiares y organizaciones civiles denunciaran detenciones arbitrarias, presuntas agresiones policiales, incomunicación y posibles cargos fabricados tras el operativo desplegado el domingo frente a Casa Jalisco en Guadalajara, Jalisco.
A las afueras de las instalaciones de la Fiscalía del Estado, ubicadas en la calle 14 de Guadalajara, madres, padres, activistas y defensores de derechos humanos exigieron la liberación de las personas detenidas, atención médica para quienes resultaron lesionados y garantías para conocer la situación jurídica y el paradero de sus familiares.
La dimensión del operativo y las denuncias sobre el uso de la fuerza contrastaron con el motivo de la movilización: reclamar una solución a los problemas de calidad del agua que afectan a la población. El caso escaló al ámbito federal, donde la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la represión y pidió al gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, del partido Movimiento Ciudadano, explicar por qué se utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes.
DISCREPAN LAS CIFRAS DE DETENIDOS
Uno de los principales puntos de controversia es el número de personas detenidas durante la protesta.
La Fiscalía de Jalisco reportó inicialmente 39 arrestos y señaló que 18 personas habían sido liberadas, por lo que 21 permanecían bajo custodia. En contraste, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC). Así como otras organizaciones civiles contabilizaron inicialmente 52 detenciones y sostuvieron que 31 personas seguían privadas de la libertad.
La diferencia entre ambos registros es de 10 personas. Una discrepancia que mantiene la incertidumbre entre las familias que buscan información sobre sus seres queridos.
Las organizaciones también denunciaron que algunas personas no fueron presentadas de inmediato ante una autoridad y que, durante las primeras horas posteriores al operativo, no se proporcionó información suficiente sobre su paradero.
Denisse Montiel Flores, directora del Cepad, sostuvo que la actuación policial constituyó un acto de represión y cuestionó la falta de información sobre las personas detenidas.
“Registramos más de 50 personas detenidas de manera arbitraria y cabe señalar que no fueron presentadas de manera inmediata ante ninguna autoridad, ni se brindó información sobre su paradero durante las primeras horas”, declaró.
La activista añadió que, por esas circunstancias, las organizaciones consideraban que podían existir hechos constitutivos de desaparición forzada. Esta calificación constituye una denuncia que deberá ser investigada por las autoridades competentes; no equivale, por sí misma, a una determinación judicial.
DENUNCIAN GOLPES, GAS LACRIMÓGENO Y CHORROS DE AGUA
Las personas que acudieron a exigir la liberación de los detenidos denunciaron que durante la movilización se utilizaron golpes, gas lacrimógeno, balas de goma y chorros de agua a presión para dispersar a los participantes.
De acuerdo con los testimonios recabados, entre las personas afectadas habría estudiantes, periodistas, adultos mayores y familiares que se encontraban en las inmediaciones.
Las denuncias también incluyen presuntas dificultades para comunicarse con los detenidos y conocer su estado de salud. Así como señalamientos de que algunas personas habrían sido obligadas a firmar documentos de desistimiento como condición para recuperar su libertad.
Según representantes legales y organizaciones civiles, esos documentos implicarían renunciar a emprender acciones legales por presuntos abusos de autoridad o detenciones arbitrarias. Hasta el momento, estos señalamientos requieren una investigación que permita determinar las circunstancias en las que fueron firmados y su validez jurídica.
MADRE DENUNCIA AGRESIÓN CONTRA SU HIJA NO BINARIA
Entre los testimonios destaca el de Margarita Mora, madre de Mariana Jobel Mora, estudiante de Biología Marina de 22 años que se identifica como persona no binaria.
La mujer denunció que su hija fue golpeada por varios policías durante la manifestación y consideró que su apariencia pudo haber influido en el trato recibido. Según su relato, existen videos que documentarían parte de la agresión.
“Yo pienso que fue una represalia y fue en contra de ella por verla diferente. Fue la persona a la que más golpearon; la tiraron al piso y la empezaron a patear entre varios. Se la llevaron arrastrando; ella solo estaba defendiendo a su amiga”, relató.
Margarita Mora, quien es enfermera, aseguró que recibió información de que Mariana se encontraba en silla de ruedas y presentaba una fractura de nariz, por lo que solicitó atención médica inmediata.
“Me comentaron que ella está en silla de ruedas y tiene fracturada su nariz. Yo necesito que le den atención”, expresó.
La gravedad de estas acusaciones hace necesario que las autoridades informen sobre el estado de salud de la joven y esclarezcan lo ocurrido. Con especial atención a la posible existencia de violencia física y discriminación.
FAMILIAS EXIGEN INFORMACIÓN SOBRE SUS HIJOS
La incertidumbre también afecta a Clara Miranda, madre de Daniel Delgadillo, estudiante de 18 años que, según su testimonio, participaba por primera vez en una manifestación.
La mujer afirmó que presenció cómo los policías se llevaron a su hijo por la fuerza y cuestionó la falta de información sobre su situación.
“Él es un chico para el que era su primera manifestación, estaba muy motivado, y a él se lo llevaron y me lo robaron del lugar donde estaba”, relató.
Ante la falta de información que dijo haber enfrentado, expresó:
“Para mí, mi hijo está secuestrado y lo pido de inmediato”.
La expresión corresponde a la percepción de la madre sobre lo ocurrido y no constituye una clasificación jurídica de la detención. Su testimonio, sin embargo, refleja la incertidumbre que enfrentan familiares que buscan conocer el paradero y la situación legal de las personas arrestadas.
Por su parte, Graciela Bernal Loaiza, madre de Jorge Ignacio Luna Bernal, de 31 años, informó que su hijo fue trasladado a la Fiscalía estatal tras ser detenido durante la protesta en las inmediaciones de Casa Jalisco.
La mujer aseguró que su familia había participado pacíficamente en la movilización y denunció que no pudo comunicarse con él durante varias horas.
“Lamentablemente se ha faltado al debido proceso. No tuvimos oportunidad de que mi hijo se comunicara con nosotros hasta hace media hora”, afirmó.
También expresó preocupación por la posibilidad de que se le imputaran delitos que, de acuerdo con su versión, no cometió.
DETIENEN A REPARTIDOR QUE, SEGÚN SU MADRE, NO PARTICIPABA EN LA MARCHA
Otra de las denuncias fue presentada por Claudia Morales, quien afirmó que su hijo, Samuel Morales Navarro, repartidor de la plataforma Rappi, fue detenido pese a que no participaba en la protesta.
“Mi hijo no estaba en la marcha, mi hijo no trae un martillo, no estaba haciendo una pinta… y lo detuvieron”, declaró.
La mujer también denunció que los policías se llevaron la motocicleta de su hijo sin entregarle, según su versión, una constancia del aseguramiento.
Claudia Morales, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer, señaló que apenas le permitieron ver al joven durante cinco minutos y que observó lesiones visibles en distintas partes de su rostro.
“Apenas hoy me dejaron verlo cinco minutos. Está todo golpeado, está todo hinchado de la nariz, de la boca y de un oído. No es justo, a él lo agredieron los policías”, sostuvo.
Su testimonio deberá ser contrastado con los registros de la detención, los informes médicos y las actuaciones de las autoridades para determinar si hubo uso indebido de la fuerza y si se respetaron los derechos del detenido.
ACUSAN INTIMIDACIÓN CONTRA FAMILIARES Y ACTIVISTAS
Eduardo Mosqueda, consejero del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, denunció una presunta campaña de criminalización contra quienes participaron en la movilización.
Además, señaló que familiares de personas detenidas reportaron visitas de agentes de la Fiscalía a sus domicilios y cuestionó el cierre de vialidades cercanas a las instalaciones ministeriales.
“Existe una criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, porque precisamente esas son las personas que participaron ayer y que lamentablemente están sufriendo ahorita una detención arbitraria”, afirmó.
Mosqueda agregó:
“Denunciamos que esto se está extendiendo a la visita de elementos de la Fiscalía a los domicilios de las familias de las personas detenidas”.
Por su parte, Alejandra Cartagena, abogada, académica del ITESO e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), rechazó que los manifestantes fueran considerados un grupo de choque para justificar el operativo.
“Señor gobernador, los ciudadanos no somos grupos de choque cuando exigimos nuestros derechos. Somos ciudadanos y tenemos derecho de manifestarnos”, sostuvo.
La abogada también manifestó preocupación por la posibilidad de que se imputaran delitos a personas que, según las organizaciones, habrían participado en la movilización sin cometer actos ilícitos.
CUESTIONAN EL USO DE BOMBEROS PARA DISPERSAR LA PROTESTA
Otro de los aspectos que provocó críticas fue la participación de personal y vehículos de Bomberos y Protección Civil en el operativo frente a Casa Jalisco.
Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran a bomberos uniformados utilizando mangueras para arrojar agua a presión contra los manifestantes. En las imágenes también aparecen policías antimotines, elementos de la Secretaría de Seguridad estatal y personal de la Fiscalía.
Elementos de corporaciones de emergencia consultados bajo condición de anonimato expresaron su desacuerdo con la participación de personal de rescate en la dispersión de la protesta. Según sus testimonios, algunos trabajadores habrían intervenido por instrucciones superiores.
En uno de los videos aparece Jenny de la Torre Ruelas, comandante de Bomberos y Protección Civil de Guadalajara, cuando sale de Casa Jalisco acompañada de mandos de la corporación. En la grabación, una manifestante reclama a los funcionarios por el uso de agua y gases contra los participantes.
Entre los mandos identificados en el material difundido se encuentra Sergio Herrera Robledo, director de Operaciones de la Coordinación de Bomberos de Guadalajara. Según el relato de quienes difundieron las imágenes, los funcionarios no respondieron a los cuestionamientos de la ciudadana.
Las denuncias abrieron interrogantes sobre la cadena de mando, las instrucciones impartidas y el propósito de utilizar vehículos de emergencia durante una operación de contención policial.
Las autoridades municipales y estatales deberán aclarar qué corporaciones participaron, quién autorizó su intervención y bajo qué protocolos actuaron. La sola presencia de bomberos no determina por sí misma una responsabilidad, pero el uso de recursos destinados a la atención de emergencias para dispersar una protesta requiere una explicación pública.
SHEINBAUM CONDENA LA REPRESIÓN Y PIDE EXPLICACIONES
El caso llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien condenó la actuación represiva contra las personas que protestaron por la calidad del agua y pidió al gobierno de Jalisco explicar el uso de la fuerza.
“No estamos de acuerdo con la represión. No estamos de acuerdo tampoco en el uso de violencia en manifestaciones. El gobernador de Jalisco debe explicar por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos contra manifestantes”, declaró.
La mandataria también pidió que las autoridades estatales hicieran públicos los nombres de las personas detenidas y marcó una diferencia entre las acciones para mantener el orden y el uso excesivo de la fuerza.
“Una cosa es contener y otra cosa es reprimir”, afirmó.
Sheinbaum señaló que la Secretaría de Gobernación podría intervenir si se solicitaba su participación, aunque indicó que el asunto correspondía inicialmente a las autoridades de Jalisco.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió investigar los hechos y sancionar, en caso de acreditarse, a quienes resultaran responsables de abusos. El organismo advirtió sobre el uso desproporcionado de la fuerza y pidió garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la libre manifestación.
EL DERECHO A EXIGIR AGUA LIMPIA, EN EL CENTRO DEL CONFLICTO
La movilización tuvo como motivo la exigencia de agua potable de calidad, una demanda que ha generado inconformidad entre habitantes de Jalisco. En medio de las denuncias por la actuación policial, las organizaciones civiles insistieron en que la protesta social no debe convertirse en motivo de criminalización.
El caso plantea dos obligaciones para las autoridades: esclarecer las condiciones en las que se realizaron las detenciones y garantizar que cualquier persona bajo custodia tenga acceso a defensa legal, comunicación con sus familiares y atención médica cuando la necesite.
También exige transparentar las cifras de arrestos, informar sobre la situación jurídica de cada persona y revisar las denuncias sobre lesiones, incomunicación y posibles irregularidades en los procedimientos.
La diferencia entre los registros oficiales y los de las organizaciones, junto con los testimonios de familiares y las imágenes difundidas del operativo, hace indispensable una investigación independiente, exhaustiva y verificable.
Hasta que las autoridades aclaren las discrepancias y respondan a las acusaciones, la exigencia de las familias permanece: conocer el paradero de sus seres queridos, garantizar su integridad y determinar si durante la protesta se cometieron abusos.
Con información de La Silla Rota
