La seguridad pública sigue siendo el talón de Aquiles del Gobierno Federal en turno, mismo que no ha logrado transformar en un estado de paz y tranquilidad la vida comunitaria del país con abrazos y regaños. El estado de guerra que persiste, ni la guardia nacional militarizada ha contribuido a ello ante la ola de violencia desatada de asesinatos múltiples diez cuerpos en un estado un día y en otro nueve, con la recomendación de un gobernador de encomendarse a dios.
El asunto se agrava con la presencia de una pandemia en expansión, a un deficiente servicio de salud con insuficiencia de medicamentos y personal que, ahora está siendo despedidos, a pesar del incremento de los contagios; restricciones para no vacunar a los menores de cinco años en adelante que, en concurrencia con la criminalidad, azota a la población aun cuando los muertos se atribuyan al conflicto entre bandas.
La descomposición se acentúa con el enfrentamiento entre poderes e instituciones, como el INE, presionado en su autonomía presupuestal cuando se le exige llevar a cabo una consulta sobre revocación o más bien confirmación del mandato del Presidente López Obrador que a todas luces es innecesaria, aunque esté prevista en la Constitución y la Ley, púes las encuestas demuestran que tiene un alta aceptación de la ciudadanía como Presidente, lo cual desmotiva la causa de una revocación de su mandato.
La Constitución señala que los ciudadanos tienen derecho a “Participar en los procesos de revocación de mandato. El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. 2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.”
Estimo que la consulta debería tener motivos para llevar a cabo la misma pues la palabra revocación de un mandato implica dejar sin efecto lo determinado, en este caso, por la voluntad de la ciudadanía de manera amplia en favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que implica la anulación del sufragio, mismo que debe sustentarse en motivos o causas por las que se pronuncie la misma ciudadanía, es decir tiene como objetivo, la revocación de su mandato o que se le ratifique que es el fin perseguido en la interrogante propuesta.
Lo congruente con el sentido de la revocación del mandato de un presidente, es la causa; en este caso no existe documentada alguna que satisfaga este requisito de certeza jurídica en materia política, tornándose en un instrumento para justificar una actuación que está procediendo cumpliendo la orden del pueblo, palabra que sustenta el quehacer del ejecutivo federal. El resultado será lógico con la pregunta debe o no seguir en el cargo el Presidente López Obrador, pues la respuesta mayoritaria será que sí, ante la ausencia de la materia que oriente al ciudadano para razonar su voto; en esta situación al no tener causa que cumpla esa función, dirá sí debe seguir en cargo,
La cuestión así trazada es como decirle a un alumno si desea ser aprobado o reprobado, sin examen, la respuesta sería ser aprobado sin dicho examen; algo semejante ocurrirá con la consulta que costosa o barata será a cargo del erario público con distracción de fondos que, en estos momentos, deben ser destinados a otros rubros prioritarios como la salud, medicamentos, educación, procuración y administración de justicia.
Los rubros importantes de preocupación son los citados, pero adquiere relevancia en estos momentos, la seguridad pública que parece estar extraviada en los mandos militares o mandos mixtos que no encuentran una brújula que les señale el rumbo para inhibir la creciente ola de criminalidad y el poder que está adquiriendo el crimen organizado del cual no sabemos de qué espacios se ha apoderado o este ya ocupando, para que prevalezca uno u otro grupo en zonas estratégicas, como Sinaloa, Zacatecas, Michoacán Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Guanajuato e incluso San Luis Potosí.
Los ojos de los Estados Unidos están puestos en estos sucesos que de una u otra manera forman parte de la relación bilateral que existe, sin embargo, no debemos olvidar que la historia muestra cómo los agentes de diversas agencias de ese país operan en México como infiltrados con anuencia o no de la autoridad, que lo mismo ayudan al combate sobre todo de drogas o utilizan estos choques para desestabilizar gobiernos.
Ello constituye un riesgo, pues como muestra ha ofrecido una cantidad de millones de dólares a quien proporcione información acerca de la ubicación del Chapito Guzmán y sus familiares, lo cual contradice la orden del Presidente de la República para que se dejara en libertad a ese personaje cuando ya estaba detenido, recompensa que lleva consigo la reprobación de la orden del Presidente para que fuera puesto en libertad.
Hay estos temas que quizás debieron ser motivo de la consulta de revocación del mandato, los cuales están ausentes, incluyendo el manejo criticado de la pandemia y de los servicios de salud, así como la violación expresa a la autonomía del órgano nacional electoral, sin embargo, no influirán en la consulta de revocación de mandato a celebrar cuyo resultado será “aprobado”.
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