En cumplimiento al orden jurídico que rige a cada uno de los poderes judiciales de la Federación y del Estado de Oaxaca, sus titulares, el Ministro Arturo Lelo de la Larrea y Eduardo Pinacho Sánchez, rindieron el informe que anualmente les corresponde acerca del ejercicio de las actividades jurisdiccionales y facultades que a cada orden tiene asignados en la Constitución y la ley, acerca de los avances y logros alcanzados a partir del inicio de sus gestiones como titulares de cada poder, uno en el orden federal que comprende el aspecto relevante del control constitucional y, del fuero común en el Estado de Oaxaca.
El Ministro Presidente Lelo de la Larrea enfatizó que la renovación que propuso se centró en lograr satisfacer las añejas demandas de justicia del pueblo de México. En cómo dejar atrás la justicia elitista que tanto tiempo ha estado al servicio de los privilegios. En cómo contribuir a desarticular el pacto de desigualdad sobre el que está construida nuestra realidad, propiciando que todos los habitantes de la República gocen de la misma dignidad; las mismas oportunidades; cubiertas las necesidades mínimas para una subsistencia decorosa; gozar de la libertad real para decidir sobre el destino propio, que es por lo que el pueblo de México ha luchado a lo largo de siglos.
Relacionó lo que es y sigue siendo un anhelo de la sociedad mexicana ávida de libertad, igualdad, justicia y bienestar, vinculada a la lucha de los trabajadores por condiciones dignas; de los pueblos y comunidades indígenas por su reconocimiento y autodeterminación; de las mujeres por la igualdad; de las personas con discapacidad por ser tomadas en cuenta en un mundo con barreras, de las personas de la diversidad sexual por simplemente ser quienes son, que han sido motivo de disputas que se reflejan en la Constitución y que es necesario hacerlos efectivos materialmente.
Destaca que la renovación que ha emprendido, La Suprema Corte, ha tenido como centro y como fin que la justicia sea accesible que hagan efectivos todos los derechos para todas las personas, afirmando que los cambios son posibles; que las cosas se pueden hacer mejor; que la Constitución, las leyes y las instituciones deben ser los medios para alcanzar la promesa de un arreglo social más justo e igualitario.
Esta introducción moduló la ruta de su quehacer como Ministro y como Presidente del Suprema Corte acerca de los problemas del nepotismo la corrupción y la supresión de los cotos de poder que, entre otros padecimientos, han contaminado el quehacer de ese alto Tribunal; la manera de abatirlos mediante la reforma judicial. Sin embargo, en el discurso ante la presencia del Presidente de la República y del la Cámara de las Cámaras de Diputados y Senadores, no relacionó el quehacer fundamental de la Suprema sobre los que preocupa a los mexicanos, los derechos humanos sobre seguridad pública, militarización de la misma, la salud de los enfermos de cáncer adultos y niños y de la discriminación y desigualdad en la aplicación del Plan Nacional de Vacunación y los menores; el control efectivo de la Constitucionalidad.
Por su parte el Presidente Eduardo Pinacho Sánchez, hizo en su exposición, una relatoría congruente con la realidad del Poder Judicial del Estado que, a pesar de la pandemia y de los rezagos, muestra de una avance en la adecuación de la forma de administrar e impartir justicia ante condiciones que, durante ya casi dos años ha padecido el país de orden sanitario, mismas que estimularon construir nuevas formas de pensamiento y diseñar estrategias para desplegar una actuación diferente frente a circunstancias emergentes, ya que el Sistema de Justicia no solo constituye una estructura especializada del Estado, sino un factor de estabilidad social que requiere de una reforma que no solo cambie leyes y procesos, sino de modificar la institución, la conducta de quienes la personifican, sus costumbres y actitudes, pues de poco sirven las mejores leyes con hombres viles encargados de aplicarlas.
Congruente con el orden jurídico prevaleciente en México y Oaxaca se ocupó de lo que es Constitucionalmente trascendental al señalar que “Hoy en Oaxaca estamos contribuyendo a garantizar los derechos de quienes más lo necesitan, implementando una justicia más humana, sustentada en el paradigma de los Derechos Humanos y la dignidad de las personas, redoblando esfuerzos en la formación de un nuevo perfil de juzgadores y, con la renovación general de la magistratura, a través de un ensamble de experiencia y juventud, la sociedad y la justicia sentamos las bases para asegurar en el estado de Oaxaca la vitalidad de la Constitución y la eficacia de su garantía”. “Al hablar sobre los cinco ejes principales de su administración, aseguró que la modernización en el Poder Judicial llegó para quedarse, con la dignificación de los espacios en que se imparte justicia, el cambio de normas y procedimientos jurisdiccionales, la renovación generacional, reestructuración en primera y segunda instancia e innovación de salas de audiencia que disponen tecnología de punta, para construir de manera gradual un sistema de justicia más eficiente, moderno y dinámico.”
Contrasta en los dos informes el sentido de los discursos relacionados con las actividades de uno de los poderes que sustentan un sistema Democrático de un Estado como el mexicano y que replica nuestra entidad como parte del mismo. El del Presidente del Suprema, Corte Lelo de la Larrea con un ingrediente político acentuado a la línea Presidencial; el del Presidente Pinacho Sánchez más técnico proveniente de un jurista formado en la trinchera de la justicia que sujetó su exposición, de manera proporcionada, a la realidad institucional, sin caer en el exceso respecto de los otros dos poderes presentes en el acto.
En ambos casos aún falta consolidar una reforma que permita hacer efectiva la independencia de este poder en el orden financiero y de integración que, en mayor o menor medida siguen dependiendo de la voluntad política del ejecutivo y del legislativo.
