Si hacemos un ejercicio de memoria y retrocedemos a la campaña presidencial de 2018, el único candidato que proponía un fin al uso de las Fuerzas Armadas y la Marina para contrarrestar la inseguridad era quien hoy ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo (https://bbc.in/2ZuEVGJ). Quien antes señalaba la comisión de violaciones de derechos humanos por parte de la milicia (https://bit.ly/3p4Udef) hoy encumbra al Ejército como su mejor aliado (https://bit.ly/3HYy75O). Pues no es lo mismo ser oposición a gobernar.
Meses antes de la toma de posesión, el entonces candidato electo fue suavizando el mensaje comprometido en campaña: sacar al ejército de las calles (https://bit.ly/3xxCGir). Seguramente, al contar con información confidencial y evaluar las capacidades de las instancias civiles de seguridad, el mensaje se fue matizando para abrir la posibilidad de la continuidad de militares en tareas civiles. No era para menos, las condiciones que prevalecían entonces en el país obligaban a que al menos una parte del Ejército y la Marina se mantuviera estratégicamente en la realización de tareas de seguridad, por lo que incluso desde las organizaciones de derechos humanos se plantaba un retiro paulatino —y no de golpe— de las fuerzas armadas (https://bit.ly/3FJKb90).
No obstante, en la presente administración, no solo se mantuvo la presencia del Ejército y la Marina en las tareas de seguridad, sino que la presencia del ejército se exponenció en la vida pública del país.
En las tareas de seguridad, se cuentan con más de 80 mil elementos del ejército desplegados a nivel nacional, un 132 por ciento superior al número de 2013 y 45% mayor al récord anterior de la presente administración (https://bit.ly/3cS1SqD).
El gran problema con este planteamiento es que desde del inicio de la intervención del ejército en las labores de seguridad no ha existido una mejora en la seguridad del país (https://bit.ly/3E282QJ; https://bit.ly/3CSiysw; https://bit.ly/3HV8W3U) y, teniendo en consideración que su índice de letalidad es mucho mayor que el de las fuerzas civiles (https://bit.ly/3rjjGmL; https://bit.ly/3nW1Zrb; https://nyti.ms/3HYEYfy), la violencia en las calles no parece que tenga incentivos para disminuir.
Además de lo anterior, la injerencia del Ejército y la Marina en los asuntos civiles ha incrementado de manera exorbitante. Ahora, los elementos de las Fuerzas Armadas y la Marina están realizando las labores que legalmente le corresponden a 26 instancias y dependencias de la administración pública. Esta predilección por las fuerzas armadas por parte de la actual administración puede deberse a la subordinación y lealtad incondicional del Ejército a la persona que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo, lo que implica mayor agilidad y control para la ejecución de las acciones. Desde la construcción de obra pública, hasta la elaboración de chalecos antibalas, el control de las aduanas y el traslado de insumos médicos, lo que deriva en un control por parte del ejército de un presupuesto inmenso (https://bit.ly/3CWqCbF) e influencia en la determinación de políticas públicas fuera de su diseño institucional y el ejercicio público no transparente.
La creciente injerencia de las Fuerzas Armadas y la Marina en la vida pública son un síntoma que busca el orden y el control sin atender efectivamente las causas de los complejos problemas públicos que agravan al país. La lógica jerárquica de la milicia y la muy limitada rendición de cuentas debilita la posibilidad de construcción de sociedades más libres y resilientes. Si bien la militarización es un capítulo que parece que no está cerca de concluir, es indispensable empujar para delimitar un horizonte claro de conclusión.
@GalateaSwanson
